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Congreso SLP en el top con mayor número de acciones de inconstitucionalidad en su contra

Es el cuarto Poder Legislativo a nivel nacional con mayor número de acciones de este tipo.
Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí.
14/11/2019
07:47
María Medrano
San Luis Potosí, SLP.
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Hasta el 30 de septiembre del 2019 el Congreso del Estado acumuló 12 acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que lo ubica en el cuarto lugar con mayor número de acciones de este tipo a nivel nacional, según el Informe Especial de Acciones de Inconstitucionalidad 2019, de la dependencia.

El periodo que reporta la publicación comprende del 2015 al 30 de septiembre del 2019, lapso durante el que se acumularon 259 acciones de inconstitucionalidad, “2015 se promovieron un total de 29 demandas de esa naturaleza. Para 2016 la cantidad de acciones promovidas aumentó a 30, mientras que para 2017 la cantidad subió a 34. En el año 2018, las demandas promovidas por la CNDH alcanzaron la cifra histórica anual de 53, mientras que durante 2019 se superó ese número con un total de 73 acciones de inconstitucionalidad tan solo en los meses de enero a septiembre”, abunda el texto.

También refiere que de estas acciones, los congresos con el mayor número de impugnaciones son los siguientes: 27 han sido en contra de leyes expedidas por el Congreso de la Unión, 18 contra normas en Ciudad de México, 15 del estado de Veracruz, 13 para el estado de Jalisco, 12 contra disposiciones del estado de San Luis Potosí, 11 leyes de Aguascalientes y el mismo número del estado de Sinaloa.

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En el documento se destaca que conforme avanzan los años, las acciones de inconstitucionalidad aumentan y si bien, no en todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado la inconstitucionalidad de la norma, sí clarificó el sentido en el que debían de interpretarse mediante diversas técnicas hermenéuticas.

Sobre esta situación, Martín Juárez Córdova, diputado presidente de la Directiva del Poder Legislativo, señaló que en algunos de los casos, las observaciones fueron realizadas por grupos sobre los que se pretendía legislar, sin ser tomados en cuenta.

Puntualizó que la intervención de la CNDH y los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligan al Poder Legislativo a repensar su práctica, debido a que incluso las “buenas voluntades” de los legisladores podrían acarrear este tipo de acciones si no se analizan los temas adecuadamente.

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