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Solicitan al Congreso tipificar como delito violencia política de género

Hay dos propuestas “atoradas” hace más de un año presentadas por las diputadas Alejandra Valdés Martínez y Sonia Mendoza Díaz en el 2018.
Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí.
15/01/2020
08:24
María Medrano
San Luis Potosí, SLP.
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Desde el 2018 permanecen pendientes de análisis dos propuestas que buscan tipificar como delito la violencia política en razón de género. Cronológicamente la primera fue propuesta por la legisladora Alejandra Valdés Martínez (Morena) y la segunda fue impulsada por la diputada Sonia Mendoza Díaz (PAN).

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, el Congreso del Estado destacó el llamado realizado por el diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Directiva para hacer consciencia sobre las  nuevas dinámicas que exigen poner alto a la violencia cometida en contra de las mujeres.

También en este comunicado se destaca el exhorto que realizó el ponente del tercer foro sobre “género, violencia política y nuevas masculinidades”, impartido por Pablo Navarrete Gutiérrez, consultor en género y Derechos Humanos, para tipificar la violencia política en razón de género, propuestas que como se señaló en un principio no avanzan al interior del Poder Legislativo.

La primera propuesta la presentó Alejandra Valdés Martínez el pasado 27 de septiembre del 2018, ha pasado un año seis meses y no ha salido de las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos Igualdad y Género, incluso la segunda prórroga solicitada, venció el pasado 26 de septiembre del 2019.

La propuesta impulsada por Sonia Mendoza Díaz se presentó el pasado 14 de diciembre del 2018, el proyecto están en análisis de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Gobernación, también se le solicitó una segunda prórroga que venció el pasado 13 de diciembre del 2019.

Navarrete Gutiérrez destacó, durante la conferencia, que en las entidades en las que se había tipificado ya la violencia política en razón de género no había ningún funcionario público bajo investigación o en proceso de sanción, por lo que consideró que ese es otro de los retos a atender.

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