Al terminar este día, vence el plazo para que las autoridades estatales, el acalde de la capital, la comisión Estatal del Agua y la delegación de la Comisión Nacional del Agua, atiendan la resolución, emitida por el juzgado octavo de distrito referente al amparo promovido por habitantes de la comunidad de Escalerillas, San Luis Potosí, por la omisión de la autoridad ante la contaminación del río que atraviesa dicha comunidad y no garantiza el acceso al agua a los habitantes.

El origen de la contaminación del río, que alimenta a la presa El Peaje, El Potosino y San José, deriva del colapso de la red de drenaje que se supone debería transportar las aguas residuales, sin embargo, sin esta infraestructura, la lluvia arrastra los contaminantes hasta el río y pone en peligro la vida de las personas de la comunidad.

Elvira Bravo Zamarrón, representante legal de los habitantes de la comunidad, indicó que el ordenamiento judicial daba 24 horas a las autoridades antes mencionadas para responder o mínimo mostrar pruebas de que realizan las gestiones necesarias para atender el problema.

Recordó que esta no es la primera vez que se promueve un amparo, más recientemente cerca de 130 habitantes de la zona emprendieron acciones judiciales colectivas, luego de realizar jornadas de limpieza de la zona; en los dos casos el juzgado octavo ha emitido la suspensión de plano con que dio entrada al trámite.

Del juicio de amparo más antiguo la autoridad requerida comenzó a cubrir el tema del acceso a agua potable con el envío de pipas, sin embargo, no se cumplió la parte del saneamiento del río ni con la presentación de un estudio que determine los daños causados al ambiente, flora y fauna dentro del río por lo que se promovió un incidente de incumplimiento y el juez emitió la sanción.

“Estas sanciones son más graves, antes era solamente apercibirlos de multa, ya se les hicieron unas primeras multas, ahora el apercibimiento es para que se pongan a disposición del Ministerio Público. Este apercibimiento es para el gobernador, para el presidente municipal, para el delegado de Conagua, para Comisión Estatal del Agua, que son los principales que tendrían que ver respecto a drenaje y saneamiento”.

Esta situación podría llevar a que las autoridades antes mencionadas enfrenten un procedimiento penal por desacato a un ordenamiento judicial.

La abogada indició que la autoridad ha señalado que no hay recursos para atender esta situación, por lo que a través de José Antonio Zapata Meraz, representante popular del distrito que contempla Escalerillas, actúo como mediador para reunir al Interapas, la CEA y Conagua con el objetivo de que se asesore a la comunidad sobre las formas de “bajar” los recursos y poder llevar a cabo proyectos de agua potable y saneamiento a la comunidad, sin embargo, a la reunión no acudieron los titulares de las dependencias.

La representante legal de la comunidad apuntó que no buscan que se inicie un proceso penal a las autoridades emplazadas, sino que se atienda la problemática de contaminación que pone en riesgo la vida de las personas que habitan la comunidad de Escalerillas.

maria.medrano@clabsa.com.mx

dllo

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