El diputado local morenista Cuauhtli Badillo Moreno descartó que se pudieran presentar acciones de inconstitucionalidad por parte de algunos ayuntamientos, al respecto del llamado Plan B enviado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que entre otras cosas limita el número de regidores y de presupuesto que pudiera tener un Cabildo, lo que podría, en determinado, momento analizarse como una violación a la autonomía municipal.
El legislador recordó que la semana pasada no se pudo lograr el consenso con las demás fuerzas políticas con la Reforma Electoral impulsada desde la Presidencia, lo cual estuvo impulsado por los dirigentes de los partidos políticos que no querían ver afectados sus cotos de poder; sin embargo, ahora con el llamado Plan B hay una postura de mayor apertura y colaboración, especialmente por parte de los partidos políticos aliados de Morena como el PT y el PVEM.
“Se está trabajando y se está cuidando mucho este tema en el aspecto jurídico, hay algunas facultades que son propiamente de los ayuntamientos, pero se está cuidando mucho no violar su autonomía; creo que es un proyecto que beneficiará a la ciudadanía y no a la burocracia y a los partidos políticos”, comentó.
Cuauhtli Badillo externó que se establecerá un tope presupuestal para que los cabildos puedan gastar en temas burocráticos de acuerdo al tamaño poblacional de sus municipios. Es un recurso que se busca ahorrar y que la intención del Ejecutivo federal es que se pueda utilizar en obras públicas para los propios municipios.
Finalmente, el diputado indicó que hay que ser realistas y en los hechos es que hay muchos cabildos, especialmente los de los municipios más grandes los que se encuentran ya muy abultados, tanto en el número de regidores y hasta de síndicos. “Yo no sé para qué quieren más de un síndico”, cuestionó.
En el caso de regidores, habrá como mínimo siete y como máximo 15, lo cual asegura que todas las fuerzas políticas puedan tener su representatividad, por lo que auguró que en cuanto el Plan B se apruebe en el Congreso de la Unión, seguramente el Congreso de San Luis Potosí será de los primeros en avalarlo en el nivel estatal.