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San Luis Potosí, debe crear un Programa para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el estado, así como generar políticas públicas que disminuyan la brecha de desigualdad de la población y con esto disminuir la vulnerabilidad de la población ante el fenómeno de trata de personas.
Éstas fueron parte de las recomendaciones que se emitieron dentro del Informe Sobre Trata de Personas que elaboró el Observatorio para Prevenir este fenómeno y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, a través del cual se desarrolló un estudio en seis estados del país, denominado: “Legislación, política pública y Trata de Personas”.
De acuerdo al informe, la entidad potosina tiene un alto grado de violencia hacia la mujer, registrando de 2017 a mayo de 2020; mil 838 casos de violación, mil 547 casos de abuso sexual; 485 casos de acoso sexual; 102 casos de hostigamiento sexual; 308 homicidios; 29 secuestros; 87 feminicidios y 9 víctimas de trata de personas.
En el caso de la violencia contra los hombres de 2017 a mayo de 2020 se registraron 2 mil 386 homicidios, 66 secuestros y 4 víctimas de trata de personas.
También se señala que desde el 2017 a mayo de 2020 se registraron en total 23 casos de trata de personas, de los cuales 10 de las víctimas no se identificaron como hombre o mujer, mientras que los principales sectores de explotación en el estado son: explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzoso, servidumbre forzada, prostitución forzada, mendicidad forzada y delincuencia organizada.
También se agrega que aunque el estado potosino cuenta con dos leyes en materia de trata: la primera es la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas publicada en 2011, y la segunda es la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, publicada en 2018, dichas leyes no hacen mención a las sanciones que se deben aplicar por el delito de trata de personas y sus diferentes modalidades.
Entre el resto de las recomendaciones que se emiten para las autoridades estatales, se encuentran: la creación de albergues para la atención de víctimas de trata de personas por parte del Estado e integrar la participación de las organizaciones de la sociedad civil para la creación de dichos albergues; que exista una Comisión Interinstitucional genere un informe de las actividades realizadas anualmente, y de los avances de los acuerdos que se hayan generado en sesiones anteriores, ya que no existe un registró actualizado de sus reuniones ni de sus actividades elaboradas; generar un mecanismo más activo para el fomento de justicia a las víctimas del delito de trata de personas; y seguir fomentando la cultura de la denuncia del delito y la perspectiva de género que ha servido para ir combatiendo los delitos contra las mujeres.
