El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE) Juan Pablo Almazán Cué, consideró lamentable el que exista la posibilidad de que en los centros de reclusión a cargo del Estado, como el caso de Tamazunchale y la capital potosina, prevalezcan al interior las actividades ilícitas que no coadyuvan a un verdadero proceso de reinserción social como lo establece el artículo 18 de la Constitución, ante la presunción de que existan un descontrol y una mala evaluación del sistema carcelario.
El magistrado recordó que de acuerdo a los lineamientos del nuevo sistema de justicia penal, únicamente pueden permanecer privados de su libertad aquellas personas que hayan cometido delitos graves, o bien aquellos que requieran alguna prisión provisional, a las a los cuales se les deben garantizar las condiciones de formación que les permitan reintegrarse de nuevo a la sociedad, sin el riesgo de que vuelvan a delinquir.
Apuntó que en caso de que se detecten algunas prácticas que representen un riesgo al interior de los penales, existen medidas alternativas para disipar o disolver estas conductas como es el traslado a otro centros penitenciarios del orden federal, o bien de máxima seguridad, por lo que confió en que la Secretaría de Seguridad Pública a través del área responsable del manejo de los centros de reclusión, tomen las medidas pertinentes para inhibir cualquier posibilidad de que existan conductas que vayan en contra de la reinserción social para que estos lugares no se conviertan en universidades del crimen.
apl