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"San Luis Potosí no es inseguro", aseveró Jaime Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante su comparecencia ante legisladores por la glosa del tercer informe de gobierno, al ser cuestionado sobre las estadísticas de la ENVIPE, que señalan que 8 de cada 10 potosinos se sienten inseguros en la comunidad.
Pineda Arteaga sugirió incluso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza "preguntas insidiosas", relacionadas con la cobertura de servicios como alumbrado y otros.
Durante la etapa de cuestionamientos, el funcionario estatal se dedicó a responder preguntas relacionadas con los resultados de los programas para erradicar la violencia de género, el funcionamiento del servicio de emergencias 911 y la corrupción de elementos de policía.
Sobre la inseguridad en general señaló que en comparación con sus vecinos (Tamaulipas y Guanajuato) San Luis Potosí es una entidad segura, además calculó que el 90 por ciento de los homicidios están relacionados con el narcomenudeo y solo en el 10 por ciento las víctimas son colaterales.
En varias ocasiones advirtió la dificultad de llevar a cabo operativos en colaboración con autoridades municipales, pues en algunas demarcaciones los elementos no han sido evaluados en control y confianza, o los encargados de la Seguridad Pública no tienen conocimiento en la materia.
También consideró complicado hacer entender a los elementos de seguridad que entre más elementos se conjunten para el armado de carpetas de investigación, mayor será el éxito en la judicialización de las mismas, a la fecha, mencionó que se tienen 3 mil 300 carpetas de investigación, por diversos delitos, aunque hay una cifra negra porque la gente no denuncia.
Reveló que en los centros de reinserción social estatales no funcionan los inhibidores de llamadas, señaló por ejemplo el caso de La Pila, donde hay 25 inhibidores, algunos han sido descompuestos por el propio personal o se usan al exterior en vez de al interior del centro, apuntó que para cambiar esta situación se contempla el cambio de compañía que ofrece el servicio, e incluso evaluar tecnologías que detectan las llamadas que surgen de la zona en donde se aplica la inhibición.
Una pregunta frecuente fue la operatividad del servicio de emergencias 911, del cual dijo que diario se reciben dos mil llamadas y son atendidas, reconoció que el personal designado a esta área antes no contaba con la capacitación y ahora incluso hay quienes atienden casos de extorsión telefónica y orientan a las víctimas.
Admitió que ninguna corporación de seguridad cuenta con elementos 100 por ciento confiables; habló en este sentido del caso de un elemento y su esposa en Rioverde, que fueron detenidos por presunta extorsión, reveló que de este caso ya tenían indicios por lo que se cambió al elemento a labores administrativas en lo que se integraba la carpeta de investigación, sin embargo, poco después ocurrió la detención. Actualmente el elemento y su esposa están en el penal de Rioverde y corre un expediente para darlo de baja.
Habló sobre el salario de los elementos, el cual en algunos casos es de hasta dos mil pesos, también consideró una problemática que San Luis Potosí sea la única entidad en la que los policías se encuentran afiliados a un sindicato y aunque por ley esto no debería ocurrir, hay 423 elementos sindicalizados y 870 afiliados a organizaciones gremiales.
También dijo que México es el único país que viola los derechos humanos de los elementos de policía, lo que complica el emitir alguna acción en contra del personal que no pasa los exámenes de evaluación de control y confianza, los cuales ascienden a 270.
apl
