Luego que se diera a conocer que a pesar de que año con año son cientos las denuncias existentes por abuso de autoridad y a pesar de ello no se ha consignado ni judicializado ninguna de ellas al menos desde el año 2014.
El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, refirió que aunque habría que analizar cada caso en particular esto se puede deber a dos situaciones por un lado a que se ha convertido en una estrategia de defensa recurrente de los imputados y por otro a que con el nuevo sistema de justicia se privilegia la presunción de inocencia.
Garza Herrera refirió “nosotros hemos escuchado que en varias ocasiones la gente señala en algunas carpetas o en algún proceso algunos hechos relativos a torturas o abuso de autoridad, todo esto se revisa a través del área especializada que está dentro de la Vicefiscalía de Derechos Humanos y se ha detectado como estrategia de defensa por parte de quienes así lo consideran”.
Indicó que la responsabilidad del Ministerio Público es corroborar si hay los elementos o pruebas suficientes para avalar que en efecto hubo una mala actuación de algún servidor público, pero cuando no se detecta se emite la resolución en ese sentido y cuando se comprueba el que lo haga tendría la sanción que corresponde.
Añadió que cualquier acusación en este sentido, pues es una acusación, sin embargo, tiene que comprobarse y puede tener mucha dimensión, pero esto lo tiene que definir el propio agente del Ministerio Público y subrayó respecto de las más de 100 denuncias tan sólo de 2018 que no fueron judicializadas o consignadas en ningún caso “a lo mejor no había los elementos suficientes para ello”.
Por lo que se le insistió al fiscal en el sentido de si es creíble que de las 107 denuncias de abuso de autoridad de todo el año pasado en ningún caso existieran elementos suficientes para consignar estas carpetas de investigación “habría que analizarlo y que el Ministerio Público lo conteste, pero hay que recordar que dentro del nuevo sistema no basta y no cabe que la sola denuncia traiga consigo la responsabilidad de alguien, sino que se privilegia la presunción de inocencia y el debido proceso”.
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vkc