17 / mayo / 2022 | 11:19 hrs.

¿La justicia es de todos?

En el caso Campestre, pasaron dos años para obtener una sentencia desde que Eugenio Castañón fue asesinado en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la entidad.

Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí.
Seguridad 21/05/2019 08:01 San Luis Potosí, SLP. Redacción Actualizada 09:26

El viernes 05 de mayo del 2017, los servicios de emergencia recibieron una llamada solicitando auxilio en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la entidad potosina, el Club de Golf Campestre, una persona había sido asesinada con una arma de fuego; el hecho quedó resuelto dos años más tarde, pero implicó un reto para la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, pues la víctima, Eugenio Castañón, tenía una relación sentimental con una de las hijas del titular de la extinta Procuraduría General del Estado, Federico Garza Herrera.

No solo eso, el victimario Eduardo Hernández, alias Cayeyo Jr., sentenciado este lunes 20 de mayo de 2019 a 32 años y seis meses de prisión, es hijo de un empresario ganadero quien habría sido cliente de Garza Herrera.

Fue el 06 de mayo que se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación, en la que la defensa solicitó la duplicidad del término para concluir la audiencia; el viernes 12 de mayo, seis días después, la jueza de Control dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio, la parte acusadora solicitó que se agregaran como agravantes la ventaja y traición, mientras que la defensa del hoy asesino sentenciado, solicitó la nulidad de las pruebas al considerar que se había violado la denominada cadena de custodia.

Al auto de vinculación le sucedió un amparo promovido por la defensa de Cayeyo Jr. otorgado en diciembre de 2017 por el Juez Cuarto de Distrito, Juan de Dios Monreal, lo que dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso contra el Cayeyo Jr, debido a que el Ministerio Público presentó evidencias de manera extemporánea; en realidad esta determinación judicial supuso tiempo para la defensa dado que el juzgado instruyó dictar un nuevo fallo, en el que las pruebas presentadas fuera de tiempo por el MP pudieran ser tomadas en cuenta, por esta resolución la Fiscalía promovió un recurso de revisión.

Fue trece días antes del segundo aniversario del homicidio, el pasado el 22 de abril de 2019, que inició el juicio oral en contra de Cayeyo Jr., en el transcurso de las audiencias se llamó a comparecer a peritos de la FGE quienes fueron cuestionados por su desempeño al realizar las tareas de investigación, recolección de muestras y pruebas en la escena del crimen.

Por ejemplo: la defensa cuestionó el hecho de que el análisis de balística tuviera como objeto de análisis un arma de fuego con número de serie diferente al del arma con la que se cometió el crimen; otro de los peritos fue cuestionado por no contar con título obligatorio de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre los llamados a declarar se presentó Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía Ministerial en San Luis Potosí, quien según su declaración, el día del homicidio, cerca de las 5:00 am recibió una llamada de la Garza Herrera para solicitarle que se apersonara en un domicilio del fraccionamiento en donde vive.

Compareció además el propio Fiscal, entre los cuestionamientos de la defensa se requirió conocer por qué el funcionario llamó a su subordinado y no a una ambulancia. Además el funcionario admitió los lazos con ambos implicados, tanto la víctima como con el victimario.

En su declaración Cayeyo Jr. dijo que acudió a Garza Herrera por ser la “máxima autoridad”.

Como pruebas se presentó también el audio de la llamada al 911, en la que el hoy sentenciado reconoció haber disparado “en defensa propia” a otra persona tras una discusión.

Fue este 20 de mayo del 2019, cuando el juez emitió la sentencia condenatoria en contra de Cayeyo Jr, se le condenó a 32 años y seis meses de prisión adicionalmente tendrá que pagar una sanción pecuniaria de 245 mil pesos y una reparación del daño a los familiares de la víctima de 230 mil pesos.

De acuerdo a la Fiscalía el sentenciado se mantendrá recluido con la prisión ordinaria otorgada por la autoridad judicial en el centro de reinserción social de La Pila.

vkc

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