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Según los datos revelados a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que aplica el INEGI, 8 de cada 10 potosinos considera que la entidad es insegura, mientras que 7 de cada 10 consideran lo mismo de su municipio o delegación; y 4 de cada 10 consideran insegura a su colonia o el entorno más cercano en que habitan.
La medición estadística corresponde al resultado del 2017, en donde también se refleja para San Luis Potosí que el cajero automático en la vía pública, así como el banco, la calle, la carretera y el transporte público son los sitios en los que la población se siente más insegura, por lo que en términos generales, casi un 68 por ciento de la población calificó como de primera importancia el tema de la seguridad entre los rubros que deben ser atendidos por los gobiernos de los tres niveles.
En este sentido, la ENVIPE evidenció que persiste la falta de credibilidad en las instancias de procuración de justicia para efectos de que la denuncia se presente ante la autoridad y tenga resultados, ya que se estima que sólo se denunciaron el 11.3 por ciento de los delitos, de los cuales el Ministerio Público inició una carpeta de investigación o averiguación previa en casi el 61 por ciento de los casos, pero peor aún, de esos procedimientos en casi el 51 por ciento no pasó nada o no se continuó con la investigación, lo que refleja un nivel alto de impunidad.
Entre las razones para no denunciar se encuentran la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
En cuanto a incidencia delictiva, la extorsión fue el delito que más se presentó ocupando el 32.6 por ciento, seguido por robo o asalto en la calle o el transporte público, el robo parcial o total del vehículo y el fraude, mientras que en casi el 29 por ciento de los hogares potosinos hubo al menos una víctima del delito; más de 26 mil ocurrieron contra hombres y más de 21 mil contra mujeres.
La ENVIPE estima que para el 2017 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares en el estado potosino representó un monto de más de 10 mil 190 millones de pesos, entre gastos aplicados en medidas preventivas, pérdidas económicas a causa de los delitos y gastos en salud a causa de la incidencia delictiva.
sergio.marin@clabsa.com.mx
apl
