A dos años de haberse implementado el nuevo modelo de justicia penal existen avances pero su eficacia se ve afectada por los operadores, que en este caso, recae principalmente en las policías municipales, cuyos elementos son fundamentales para que las causas se construyan bajo una base de preparación científica y de investigación adecuada, de lo contrario, las deficiencias afectarán el resultado de los procedimientos, la integración de las carpetas y los elementos de prueba que el juez disponga para resolver los casos, consideró el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa.
López Espinosa estimó que se trata del “hilo más débil” dentro de la cadena de aplicación de la justicia, en virtud de que la actuación de las policías puede afectar de manera positiva o negativa en la decisión de una correcta aplicación de la ley, de ahí las observaciones o críticas hacia el nuevo sistema, al considerar que está diseñado para proteger más a los delincuentes, que a las víctimas del delito.
El ombudsman señaló que el reto es complejo, en virtud de que el proceso de cambio implica dar una capacitación constante sobre cada una de las policías que integran los 58 municipios de la entidad al igual que las corporaciones estatales, lo que significa atender a un universo importante de elementos, además de depurar aquellos que se iniciaron bajo un proceso de formación y adiestramiento diferente a lo que se aplica actualmente mediante la aplicación de exámenes de control y confianza, así como la formación profesional para que actúen como verdaderos respondientes.
“El sistema es bueno, cumple con los estándares incluso a nivel internacional, pero el problema son los operadores donde se da la intervención de los policías; un juez habrá de resolver con las únicas evidencias y se descartan aquellas que se recogieron violando el debido proceso, por eso es importante que se conviertan (las corporaciones) en investigadoras y científicas, además de que cuenten con el material suficiente para poder realizar estas tareas”, señaló el ombudsman.
Entre los aspectos positivos del nuevo sistema se incluye de acuerdo a la evaluación que el organismo internacional “World Justice Project” realizó, que actualmente el 61 por ciento de los procesados tienen más certeza respecto a la sentencia que les ha sido dictada y el juez acompaña el proceso desde el inicio, además el procesado tiene conocimiento de quien es la persona que lo sentencia, lo que antes no sucedía.
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apl