"En el marco del proceso judicial que sigue abierto por la tragedia ocurrida en el antro Rich de la capital de San Luis Potosí, los responsables señalados como Nancy N., Ulises N. y Francisco N. han propuesto entregar un bien inmueble como medida de reparación del daño.
Al respecto, Ramón Infante, padre de una de las víctimas, consideró dicha oferta como una ofensa y "afrenta pública".
“Se nos pretende dar una casa en la colonia San Leonel como garantía por gastos y daños causados a las víctimas, como si fuese una rebaja del Buen Fin”, lamentó.
La propiedad en cuestión, cruzada como aval, tiene un valor que no supera los 700 mil pesos en opinión de la familia, una cifra ridícula frente a la magnitud de la tragedia.
Cabe destacar que en el accidente ocurrido en el antro Rich perdieron la vida dos jóvenes y al menos una decena resultaron lesionados; algunos vivirán con secuelas permanentes y dos no cuentan aún con dictamen médico que determine su estado de salud definitivo.
“No aceptamos que como si se tratara de una compra‐venta común y corriente pretendan saldar con tan poco lo que ya no tiene justificación. Tenemos víctimas con lesiones permanentes, que posiblemente cargarán con este daño toda su vida. ¡Exigimos respeto y congruencia!”, aseveró Ramón Infante.
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Ahora, los familiares tendrán una audiencia intermediaria el día 18 de noviembre para dictaminar lo que procederá.
¿Qué pasó en el antro Rich de SLP?
El 7 de junio de 2024, un barandal del antro Rich, ubicado en el tercer nivel de la plaza Alttus de San Luis Potosí, se desplomó por sobrecupo, provocando la caída de varios jóvenes que buscaban entrar a un evento que se realizaría al interior, dejando como saldo dos muertos y más de 10 heridos.
El antro no contaba con la autorización adecuada para el evento que se realizaba, ni con las medidas de seguridad exigidas por Protección Civil.
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí vinculó a proceso a los tres imputados por homicidio culposo y lesiones culposas.
Las familias afectadas han denunciado negligencia y omisión de autoridades estatales y municipales que permitieron la operación del antro sin supervisión adecuada.
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