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En San Luis Potosí, la crisis de personas desaparecidas no sólo continúa, sino que se agrava. El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros alzó la voz nuevamente durante una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde denunciaron públicamente la omisión de la institución para emitir un informe especial sobre desapariciones, prometido desde 2019 y nunca cumplido.
Así mismo, informaron que desde 2018 a la fecha, al menos mil 818 personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en la entidad, de las cuales más de 700 permanecen sin ser encontradas, según cifras oficiales.
Para las familias, el tiempo transcurre entre el dolor, la incertidumbre y la falta de respuestas de las autoridades.
De acuerdo con Edith Pérez, presidenta del colectivo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha actuado con la diligencia, ni el compromiso que la situación amerita, a pesar de que su función primordial es proteger y defender los derechos humanos de quienes habitan y transitan por el estado.
"La falta del informe especial que debió realizarse desde hace más de cinco años es, para las familias, una muestra del abandono institucional y la falta de voluntad política", indicó.
Personas desaparecidas, más común desde 2009
El fenómeno de la desaparición de personas en San Luis Potosí se ha vuelto cada vez más común desde 2009, pero fue a partir de 2018 cuando la escalada se volvió alarmante, incluso superando en algunos indicadores las cifras nacionales.
Desde 2021, los casos han crecido año con año, con un pico importante en 2023 y una preocupante aceleración en lo que va de 2025, afectando ya a prácticamente todas las regiones del estado.
Las estadísticas muestran que los hombres jóvenes entre 20 y 40 años son el grupo más afectado, mientras que en el caso de las mujeres, la desaparición inicia desde edades muy tempranas, con un pico entre los 15 y 19 años, lo que revela una relación directa con delitos como la trata, el feminicidio y otras formas de violencia extrema.
La zona metropolitana potosina concentra el mayor número de reportes de personas desaparecidas, aunque en cada región del estado hay municipios que enfrentan episodios recurrentes de violencia criminal acompañada de desapariciones.
También, el colectivo informó que en el Altiplano potosino se han encontrado fosas que exponen la brutalidad del fenómeno y las deficiencias en el trabajo forense. Destacan que en las zonas Media y Centro preocupa el uso de ácido para destruir cuerpos y borrar rastros genéticos; mientras que en la Huasteca, la presencia de grupos criminales que reclutan jóvenes ha puesto en alerta a las comunidades, según sus datos.
Actuación del Estado, "lenta e insesible"
Edith Pérez enfatizó que, a pesar de que existe un marco legal sólido y ciertas instituciones encargadas de la atención a víctimas y búsqueda, la actuación del Estado "ha sido insuficiente, lenta e insensible". Señaló que las investigaciones no avanzan, los expedientes se rezagan y las familias son maltratadas o ignoradas.
Frente a este panorama, destacan el papel de los colectivos de búsqueda, integrados principalmente por madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas, quienes han logrado avances importantes, como la propuesta para crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones, recientemente aceptada por el Congreso del Estado.
Recordó también que la desaparición de personas es considerada por organismos internacionales como una grave violación a los derechos humanos.
En México, la Ley General en Materia de Desaparición, vigente desde 2017, establece obligaciones claras para las autoridades en búsqueda, investigación y coordinación; sin embargo, el Estado mexicano ha sido señalado por su ineficiencia, incluso por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
San Luis Potosí no escapa a este contexto nacional de impunidad y, además, agrava su situación por ser una entidad de tránsito migrante y por su cercanía con regiones violentas. El colectivo cerró su participación exigiendo acciones reales y urgentes para revertir esta crisis humanitaria.
“El silencio institucional también desaparece”, sentenciaron las madres buscadoras frente a la CEDH, entre pancartas, lágrimas y exigencias que, año con año, siguen esperando respuesta.
