En San Luis Potosí entró en vigor la nueva Ley para la protección al ejercicio de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que incluye una coordinación con diferentes autoridades de la entidad.
La fiscalía del estado será la encargada de presidir la Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en coordinación con las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, las comisiones Ejecutiva estatal de Atención a Víctimas y la de Derechos Humanos.
Con esta nueva ley, impulsada por la sociedad civil Red de Mujeres Periodistas y activistas, se busca prevenir y erradicar los casos que impliquen violaciones a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos.
Esta unidad deberá tener conocimiento puntual de cada caso en el que se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de personas que ejerzan periodismo o defensores de derechos humanos (DDHH), así como a sus respectivas familias.
Posterior a ello, se analizará y diagnosticará el nivel de riesgo de los ciudadanos y, en su caso, solicitar medidas preventivas o de protección. Estas medidas urgentes de protección serán implementadas para reducir el riesgo en el que estén expuestos las y los afectados.
Se prevén en el ordenamiento cursos de autoprotección, ya sea de forma individual o colectiva; evacuación o reubicación temporal de un lugar; escoltas de elementos especializados; resguardo de inmuebles, entre otras que se requieran para salvaguardar la integridad y libertad de los beneficiarios.
La fiscalía estará capacitando a los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y a los que conforman las 16 delegaciones del territorio potosino.
Así como a sus policías de investigación para que conozcan los protocolos necesarios y brinden una debida atención e investigación a casos donde resulten agraviados periodistas o protectores de DDHH.