“Desde hace un año, los cárteles nos quitaron la paz en Palmas Altas. Primero fueron levantones, luego matanzas de gente de aquí y de los pueblos vecinos. Eso nos llenó de miedo y poco a poco fuimos abandonando nuestras casas. Sólo quedaban cinco familias, pero el 3 de febrero de este año, los hombres malos llegaron y dieron el ultimátum: dieron dos horas para abandonar el pueblo, dijeron que ahí era zona de guerra y si no salíamos, nos iban matar”, relatan a EL UNIVERSAL algunos de los desplazados de esta comunidad del municipio de Jerez.
“Estamos sin casa, unos días en un lugar, luego en otro, rentando, andamos como errantes, sin trabajo, nos quedamos sin nada. Nosotros vivimos de nuestras tierras y cosechas de durazno, de nuestros animales. No sabemos cómo sobrevivir en la ciudad. Unos se han ido a Estados Unidos, pero en el cruce ya uno murió en el desierto. Deseamos con el alma regresar a nuestro rancho, ahí está nuestra vida, pero mientras sigan los hombres armados ni cómo volver”, dicen.
“Vivíamos muy tranquilos. Todo comenzó el Miércoles de Ceniza del año pasado [17 de febrero], llegaron los hombres armados y levantaron a tres personas del pueblo, luego a otros seis. Eso nos asustó y varias familias huyeron”, platican sin dar su nombre por seguridad.
En marzo “regresaron los malos, parece que traían una lista, pero no encontraron a quienes buscaban y levantaron a más, también de un pueblito llamado Juana González y de La Noria. En las madrugadas se escuchaban balazos y mataron a unos hombres en Las Cuatas”, la gente se aterrorizó y aseguran que casi medio rancho se fue.
Al pasar las semanas, algunos pobladores regresaban en el día a alimentar o malbaratar sus animales, aunque eso significaba sortear los retenes de los cárteles.
“Con miedo y todo, regresábamos en el día a ver nuestras casas y alimentar a los animales, pero el 17 de noviembre [los cárteles] volvieron a entrar y mataron a cuatro habitantes. Ahí se salió casi toda la gente. Sólo se quedaron unas cinco familias”. En febrero de este año, los criminales les dieron un ultimátum.
“Imagínese el miedo, sólo dieron dos horas, así que todos se salieron, era salvar la vida”.
Los desplazados de Palmas Altas se organizaron y fueron al ayuntamiento para solicitar que la fuerza pública los acompañara a sacar sus cosas de valor. Relatan que el secretario municipal les dijo que exageraban y les dio largas.
Se fueron a tocar otras puertas: “Fuimos con la diputada [local] Cuquita [María del Refugio Ávalos Márquez, del PRI], ella se comunicó con autoridades federales, así presionamos y nos hicieron caso (…) Ya con el Ejército regresamos y algunas casas estaban saqueadas”.
Esta situación se ha vivido en al menos 18 comunidades de Jerez.
La zona de conflicto
El fiscal Francisco Murillo Ruiseco explica a EL UNIVERSAL que, actualmente, la zona de conflicto más álgida entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación está en Jerez, Valparaíso, Tepetongo, Monte Escobedo y Fresnillo, por estar en las sierras que colindan con Jalisco, Nayarit y Durango: “Los cárteles se apropian de las comunidades para ganar territorio que les sirven como campamento o fortín”.
Menciona que hay un tercer grupo delictivo en la entidad: Cártel del Noreste, el cual opera en las ciudades, donde la disputa entre los tres cárteles es por el control del narcomenudeo.
Tanto la zona de conflicto en la sierra como la pugna por el control de la droga en las ciudades, dice el fiscal, se ven reflejadas en los homicidios dolosos [mil 741 en 2021]. El 87.1% de este delito se concentra en 10 municipios del centro de la entidad por la lucha entre cárteles: Fresnillo (37.5%), Guadalupe (14.8%), Zacatecas (13%), Valparaíso (6.7%), Calera (4.5%), Villa de Cos (2.8%), Jerez (2.6%), Morelos (1.9%), Pánuco (1.8%) y Ojocaliente (1.5%).
Según Murillo, el Ejército encabeza la contención en las zonas de conflicto para evitar la pérdida de vidas humanas. A la par, la fiscalía busca establecer un soporte jurídico contra los cárteles y lograr la recuperación de las propiedades de los pueblos desplazados. Lamentablemente, reconoce, hay una o dos denuncias: “La gente tiene miedo denunciar”.
Sin plan para ayudar a desplazados
El investigador universitario en temas migratorios, Miguel Moctezuma Longoria, explica que desde hace cinco años hay desplazamientos de familias por la violencia, pero ahora son éxodos, porque huyen comunidades completas; esta situación “ya se desbordó”, asegura.
Al ver imágenes donde las fuerzas públicas escoltan a los habitantes para abandonar sus pueblos, dice que es como si “la autoridad renuncia a verse como Estado, renuncia a garantizar uno de los derechos fundamentales que es la vida y la paz donde uno vive; todo eso es un vacío que va ocupando el enemigo, es como un ejército que va desplazándose y va conquistando terreno que después no quiere liberar. Genera una simbología que el Estado se va replegando”.
Precisa que estos éxodos son problemas localizados y debe haber un plan emergente, porque las víctimas están viviendo de manera improvisada. Lamenta que no funcionen los albergues, porque muestra que los desplazados “se sienten desprotegidos y priva un sentimiento de inseguridad al no querer ser localizados” y prefieren recurrir a sus vínculos familiares para refugiarse: “Esto es un duelo y urge tener una esperanza”.
María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, dice que desde septiembre que conoció de los desplazamientos forzados, este organismo ha dado acompañamiento a varios afectados. Ha pedido a las autoridades competentes que implementen un plan de apoyo a víctimas de desplazamiento interno por razones de seguridad, el cual actualmente no existe.
Aclara que lo correcto es que los pobladores regresen a sus actividades de origen, no dar acompañamiento para sacar sus cosas, “porque esto sólo evidencia que la protección y salvaguarda de la integridad física, así como de estas regiones, es insuficientes e inadecuada”.
Urge al Estado dar atención y protección inmediata a las víctimas que “están en un verdadero estado de vulnerabilidad”.
