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IMSS negó acceso al aborto a víctima de violencia sexual: Méndez Salas

Centro de Justicia para mujeres reveló que de 2017 a 2019 se brindó acompañamiento a siete víctimas de violencia sexual que decidieron interrumpir su embarazo.
Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí.
25/09/2019
11:45
María Medrano
San Luis Potosí, SLP.
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Del 2017 al 2019 el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) ha brindado acompañamiento en la interrupción voluntaria del embarazo a siete víctimas de violación, en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005, reveló Julieta Méndez Salas, coordinadora de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado.

En el 2017 dos casos se presentaron en San Luis Potosí; en 2018 hubo un caso en San Luis Potosí, uno en Rioverde y uno más en Matlapa; en el 2019 se han atendido dos casos: uno en San Luis Potosí y otro en Matlapa.

“A veces pensamos que para que me garanticen este derecho voy a tener que ir a presentar una denuncia y voy a tener que ir a explicarle a todo mundo lo que viví y todo mundo cuestionando a veces por las circunstancias en las que se dieron los casos, si hubo una responsabilidad”, señaló Méndez Salas.

La coordinadora de los centros aclaró que este servicio se otorga a víctimas de violencia sexual sin que estas presenten denuncia, únicamente es necesario que lo solicite, no obstante, reconoció que tuvieron un caso en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se negó a cumplir con el procedimiento.

“Nosotras no podíamos quedarnos con una negativa, cuando sabemos que es una garantía de las mujeres. Se le acompañó, se tocaron varias puertas, pasaron varios días y finalmente se emitió una recomendación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se reconoce esa violación, pero queremos que ya no pase”, agregó Méndez Salas.

Apuntó que al final la víctima accedió al procedimiento a través de los servicios de salud del estado, sin embargo, apuntó: “imagínense todas las que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues que ya sepan las autoridades que eso no debe de pasar, creo que las leyes están, las garantías de las mujeres están, lo más difícil es que las personas que están a cargo de esto lo apliquen. Los derechos humanos son letra muerta si no se aplican”.

Méndez Salas agregó que si bien es cierto que hay personal médico objetores de conciencia, también es importante señalar que es una obligación del estado hacer valer este derecho humano a su salud.

La coordinadora del Centro de Justicia de Mujeres señaló que en caso de que alguna víctima se encuentre con una negativa por parte de las autoridades pueden recurrir al Centro de Justicia para Mujeres, “para que desde ahí podamos empujar para que esto no pase”; recordó que no es necesario que las víctimas presenten una denuncia para acceder al procedimiento.

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vkc

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