Más Información
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/Y6Y5HTHLGBDVLNA6S3WCFVRSOU.jpg)
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, entregó su informe anual de actividades a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, donde destacó que en 2018 se emitieron 31 recomendaciones individuales y una recomendación general, a un total de 37 autoridades, ocho de éstas para la Fiscalía General del Estado, siete para la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), cinco para servicios de Salud y el resto para otras autoridades.
En el documento presentado ante los diputados locales, el ombudsman destacó que se realizaron más de 3 mil 600 orientaciones jurídicas, se registraron mil 444 quejas, 823 canalizaciones y 148 gestiones.
Los principales hechos violatorios a los derechos humanos denunciados se refieren omisiones, prestación indebida del servicio público, detenciones arbitrarias, lesiones, quejas debido a la dilación o retraso injustificado de la integración de los expedientes de investigación penal, maltrato a los estudiantes, por mencionar algunas.
Además, en el informe señala a la SEGE como la institución que más quejas acumuló con 205; la Fiscalía General del Estado registró otras 186 quejas (124 en contra de la Policía Ministerial del Estado), mientras que el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) registró sólo 33 quejas.
López Espinosa destacó que en el proceso de la recomendación las autoridades aceptan y reciben la capacitación de sus funcionarios para evitar que los actos violatorios a los derechos humanos prevalezcan, sin embargo, reconoció que en cuanto a la reparación del daño no se presentaron avances y ahí es donde tendrán que intervenir otras instancias como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), para sancionar económicamente o se apliquen otros procedimientos que garanticen la reparación a las personas afectadas.
En torno a la Alerta de Género, dijo que el próximo 8 de marzo entregarán un informe especial respecto a los avances que esta medida ha tenido para el estado de San Luis Potosí, desde su implementación en el 2017, donde se buscará que los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández sean integrados a la misma, debido a que actualmente registran una fotografía diferente dado el comportamiento que se ha registrado en torno a los asesinatos perpetrados en contra de mujeres.
Además no descartó que más municipios puedan ser considerados con base al fenómeno que se presenta actualmente, tal es el caso de Santa María del Río y algunos otros de la zona Huasteca, como el caso de Tamazunchale que había sido el único en no haber reportado el comportamiento delictivo en este tema.
apl
