La tarde del pasado 18 de diciembre, Fernando Zapata Guzmán, juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, concedió el cambio de medidas cautelares a José Guadalupe N., uno de los principales acusados del asesinato de Daniela y Carlos, hijos de la comandante Rosalinda Ávalos, policía de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esta decisión permite al imputado dejar la prisión para cumplir arraigo domiciliario, lo que ha generado polémica y preocupación entre los allegados de las víctimas.
El caso que conmocionó a la entidad ocurrió el 11 de noviembre de 2020. Daniela y Carlos, de 18 y 20 años respectivamente, en ese tiempo, fueron brutalmente asesinados en lo que se ha señalado como una venganza directa contra su madre.
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Rosalinda Ávalos había investigado una red de complicidad entre agentes de la Fiscalía y un grupo criminal dedicado al robo de autos y otros delitos en la zona de La delegación Pila. Esa labor habría desatado represalias que acabaron con la vida de sus hijos.
Rosalinda expresó su indignación y dolor ante la resolución del juez. "Lo dejaron libre porque, según ellos, ya habían cambiado las condiciones. Pero yo me pregunto: ¿quién les asegura que no va a escapar? Si eso pasa, José Guadalupe quedará prófugo, y el mensaje será que la justicia puede burlarse", señaló con voz quebrada.
La comandanta recordó los días posteriores al asesinato de sus hijos.
"Fue un golpe que destrozó mi vida. No solo me quitaron a Daniela y a Carlos, sino que lo hicieron para enviarme un mensaje de miedo, para hacerme desistir de buscar la verdad. Pero no me van a callar", afirmó, mientras le caían unas lágrimas por sus mejillas.
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Un caso marcado por la impunidad
El proceso judicial contra José Guadalupe N. y otros presuntos involucrados ha estado plagado de señalamientos de irregularidades.
Según fuentes cercanas al caso, las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen testimonios, registros telefónicos y material audiovisual que vinculan al imputado con el crimen.
Sin embargo, la defensa del acusado argumentó que las condiciones de su salud y la duración del proceso amerita medidas menos restrictivas.
"Este caso refleja lo mal que estamos en términos de justicia. Mientras yo sigo llorando a mis hijos, ellos tienen privilegios. ¿Qué clase de mensaje manda eso a las víctimas?", cuestionó Rosalinda Ávalos.
Organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas han manifestado su apoyo a la comandante, calificando el cambio de medidas cautelares como un acto de revictimización.