Agricultores de SLP se unirán a paro nacional el 24 de noviembre; bloquearán entronque de la supercarretera con la 70

Con precios del maíz prácticamente estancados desde hace 15 años, incrementos desmedidos en energéticos y una propuesta de nueva Ley de Aguas Nacionales que afirman pondría en riesgo la continuidad de miles de familias rurales, productores de San Luis Potosí confirmaron que se sumarán al paro nacional del 24 de noviembre, donde cerrarán el entronque de la supercarretera con la carretera 70, en la Zona Media.

Voceros del movimiento explicaron que en municipios como Ahualulco, Salinas, Santo Domingo, Moctezuma y diversas localidades del Altiplano, la preocupación es generalizada.

“El campo vive sin precios de garantía, sin protección y sin la seguridad mínima para seguir produciendo”, señalaron.

Lo mismo ocurre en la Zona Media, donde ya son ocho municipios organizados para manifestarse.

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“No somos la voz de unos cuantos. Es una región completa diciendo ‘basta’”, expresaron.

Los productores denunciaron que la carga administrativa, los trámites interminables y la burocracia han vuelto prácticamente inoperante la actividad agrícola. A ello se suma una escalada en los costos que subrayaron ha rebasado lo posible.

“De 2010 a la fecha, los insumos se han disparado entre 400 y 700 por ciento: electricidad, diesel, refacciones, fertilizantes. Todo sube, menos lo que nos pagan”, lamentaron.

El ejemplo más reciente es el maíz:

En 2010, el precio rondaba los tres pesos con 70 centavos, para 2018, subió a cuatro pesos con 20 centavos, ayer, apenas se pagaba entre cuatro pesos con 75 centavos y cuatros pesos con 80 centavos.

“En 15 años, el maíz apenas aumentó un peso. No hay manera de sostener el campo así”, afirmaron.

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A ello se suma, dijeron, una brecha fiscal y laboral que los coloca en desventaja frente a los productores considerados “sociales”, quienes reciben apoyos directos.

“Al gobierno solo le interesan los votos, no la productividad. Pero una mochila y un azadón no ponen comida en las mesas”, reprocharon.

También rechazaron las acusaciones de ser responsables del mayor consumo de agua en el país.

“No la desperdiciamos: la convertimos en carne, leche, tortillas. No es agua tirada, es alimento”, aclararon. Y advirtieron que la posible aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales podría dejar a miles de familias sin posibilidad de heredar derechos de riego o vender sus tierras con la concesión correspondiente.

“Si un productor muere, sus hijos podrían tardar hasta cuatro años en recuperar un permiso. Es condenarlos a abandonar el campo”, explicaron.

El panorama se agrava con la inseguridad en caminos rurales. Transportistas y jornaleros, dijeron, sufren extorsiones, robos y agresiones constantes.

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“Hay choferes que ya no volvieron a casa. Llevar alimentos a los centros de abasto se convierte en una ruleta rusa”, relataron.

Y todo ocurre mientras el presupuesto federal para el sector apenas alcanza ya que el seis por ciento, del cual aseguraron, solo 1.8 por ciento llega realmente a los productores, pues el resto se consume en nóminas y operación burocrática.

Los agricultores también reclamaron la disparidad entre el maíz que México produce y el que se importa. Señalaron que mientras a ellos se les prohíbe sembrar semillas transgénicas, el país compra millones de toneladas del mismo tipo en el extranjero.

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“¿Cómo es posible que no podamos producirlo, pero sí lo importen? Alguien gana millones firmando permisos de importación”, denunciaron.

Finalmente explicaron que la incertidumbre, ha llevado a que miles de hectáreas queden sin sembrarse por miedo, inseguridad o inviabilidad económica.