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A través de sus redes sociales, el colectivo Por ellas, por nosotras y por todas difundió un pronunciamiento público frente a las recientes declaraciones de autoridades en torno a la insistencia en la búsqueda de que se elimine la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad.
En el documento, las activistas sostuvieron que dar por concluido este mecanismo en las condiciones actuales no puede interpretarse como un avance.
Señalaron que persisten la impunidad, la falta de claridad en la información sobre muertes violentas de mujeres y la carencia de datos que permitan evaluar con precisión el alcance real de las acciones implementadas.
“La alerta no es un simple procedimiento administrativo”, advirtieron, sino una herramienta creada para enfrentar la violencia feminicida y asegurar justicia, verdad y reparación para víctimas y familiares.
Por ello, enfatizaron que antes de considerar su retiro, el Estado tendría que robustecer sus estrategias, transparentar resultados y garantizar efectivamente el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.
El posicionamiento fue dirigido a la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal, Citlalli Hernández Mora; al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; a la encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres estatal, Gloria María Guadalupe Serrato; al encargado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Juan Gerardo Castillo; a la fiscal general del estado, María Manuela García; al alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos; a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Sarazúa y a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Itzel Argüelles.
El colectivo subrayó que la intención gubernamental de concluir la alerta representaría una ofensa para las mujeres y para las familias de víctimas de feminicidio, cuyos casos afirmaron, continúan sin acceso pleno a la justicia, la verdad y la reparación integral.
Insistieron en que la violencia de género no puede reducirse a un listado de acciones cumplidas, sino que se trata de un mecanismo destinado a erradicar una problemática estructural que puede o no culminar en la muerte de una mujer.
También advirtieron que la decisión no debe sustentarse únicamente en estadísticas oficiales de feminicidio, sobre todo cuando, señalaron, prevalece la falta de transparencia y no existe claridad metodológica en la clasificación de muertes violentas de mujeres.
A ello, agregaron, se suma la opacidad en la elaboración y aplicación de protocolos de investigación con perspectiva de género y en el cumplimiento de la debida diligencia reforzada.
Esta situación, afirmaron, genera dudas sobre la construcción de cifras y discursos oficiales que podrían convertirse en instrumentos de simulación alejados de la rendición de cuentas y que dificultan comprender la complejidad del fenómeno.
El colectivo considera que cumplir formalmente algunas medidas no justifica levantar la alerta.
Para valorar su impacto real, se requiere información sólida, completa y especializada.
Califican como indignante que, a casi nueve años de la declaratoria, se pretenda presentar el cumplimiento incipiente de indicadores de actividad, muchos sin respaldo documental, como una meta suficiente para erradicar la violencia feminicida.
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Antes de cualquier decisión, demandan la revisión y fortalecimiento de indicadores de resultados e impacto; estrategias efectivas de coordinación entre el estado y los municipios; mecanismos auténticos de participación ciudadana; informes actualizados con anexos de respaldo; presupuestos estatales y municipales con perspectiva de género claramente identificados, y estudios interdisciplinarios recientes con enfoque territorial en municipios donde la alerta ha sido retirada o donde se han registrado feminicidios en fechas recientes.
“El levantamiento de la alerta no es una medalla ni un logro político”, enfatizaron, y advirtieron que presentar esa narrativa resulta ofensivo frente a las recientes muertes violentas de mujeres en la entidad.
En el pronunciamiento recuerdan que el memorial para víctimas de feminicidio colocado en Plaza de Armas el 14 de mayo de 2021 fue resultado de la exigencia de familias y organizaciones, no una concesión gubernamental.
Señalaron que utilizar ese espacio y entregar réplicas en oficinas públicas como si fueran avances administrativos constituye una apropiación indebida de la memoria colectiva.
Asimismo, evocan que el 13 de noviembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un precedente en el caso de Carla Pontigo, al determinar estándares sobre investigación imparcial, efectiva y diligente, así como responsabilidades dentro de la cadena de mando.
A juicio del colectivo, esa resolución debe cumplirse y orientar todas las indagatorias relacionadas con feminicidios.
Finalmente, sostienen que el feminicidio constituye una grave violación a los derechos humanos con raíces estructurales y efectos que alcanzan a toda la sociedad.
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