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Diversas agrupaciones defensoras de los derechos animales acudieron este día al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, para entregar una iniciativa ciudadana que busca transformar el marco jurídico en materia de protección animal.
El objetivo es endurecer las sanciones penales contra el maltrato animal y asegurar que los agresores enfrenten consecuencias reales y proporcionales por sus actos.
La iniciativa propone una serie de modificaciones clave a los artículos 110 y 317 del Código Penal del Estado, como respuesta al aumento de casos de crueldad animal en la entidad, muchos de los cuales permanecen sin castigo o solo reciben sanciones simbólicas.
Activistas señalaron que México es el país con mayor incidencia de maltrato animal en América Latina, y que, según datos de la ENBIARE 2021 del INEGI, siete de cada diez animales de compañía sufren algún tipo de maltrato en el país y aproximadamente 60 mil mueren cada año por esta causa.
La propuesta legislativa toma fuerza luego del brutal caso de “Hope”, una perrita rescatada en condiciones extremas el pasado 10 de abril, con heridas graves en el cuerpo, quemaduras y golpes, Hope fue trasladada de emergencia a una clínica veterinaria, donde lamentablemente falleció ese mismo día por un paro respiratorio. El hecho conmocionó a la sociedad potosina y provocó una manifestación masiva en la Plaza de Armas, donde cientos de personas exigieron justicia y leyes más severas contra los agresores.
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¿Qué contempla la iniciativa?
Entre los puntos más destacados de la propuesta, se encuentran:
Aumento de penas: se propone reformar el artículo 317 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí para endurecer las penas por maltrato animal.
Para lesiones leves: de 5 a 24 meses de prisión y multas de 30 a 200 días del valor de la UMA.
Para lesiones con daño físico permanente: de 12 a 48 meses de prisión y sanción pecuniaria de 209 a 600 días del valor de la UMA.
En caso de muerte del animal: de 48 meses a 8 años de prisión y sanción económica de 300 a mil días del valor de la UMA.
Actos especialmente crueles, como sadismo o zoofilia: de 48 meses a 8 años de prisión, con sanciones económicas de 400 a 800 días del valor de la UMA.
Los casos más graves, como la muerte del animal o el uso de métodos sádicos, no podrán prescribir con el tiempo. Esto garantiza que el delito no quede impune aunque pasen los años.
Cabe destacar que la iniciativa se basa también en estudios internacionales que vinculan la violencia contra los animales con otros delitos graves. El FBI estadounidense clasifica el maltrato animal como un delito grave desde 2016, al detectar que muchas personas violentas con animales escalan su comportamiento hacia humanos.
Protección como derecho constitucional
La iniciativa busca armonizar la legislación estatal con la reforma al artículo 4º de la Constitución Mexicana, aprobada en diciembre de 2024, que prohíbe explícitamente el maltrato animal y obliga al Estado a proteger su bienestar. Con ello, se reconoce implícitamente la dignidad de los animales como seres sintientes.
Los colectivos anunciaron que iniciarán una campaña de concientización para reunir firmas, promover debates académicos y abrir canales de diálogo con diputadas y diputados.
Entre los grupos que respaldan esta causa se encuentran:
- Asociación Protectora de Animales Huella Amiga A.C.
- Asociación Potosina por la Dignidad Animal, A.C.
- Colectivo Dogs Lovers SLP
- Perros Extraviados en Situación Crítica
- Colectivo Praxis Combativa
- Activismo Filosófico El Sabueso de Platón
- Además de activistas independientes
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