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Diversos colectivos ciudadanos han alzado la voz en contra de la propuesta presentada por la diputada Sara Rocha Medina, del PRI, que busca modificar el artículo 61 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí para establecer restricciones a la presentación de iniciativas ciudadanas.
La propuesta, que será discutida en el Congreso del Estado, exige que cualquier iniciativa presentada por la ciudadanía obtenga el respaldo del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, lo que actualmente equivale a más de 2 mil 800 firmas.
En un pronunciamiento emitido el 3 de marzo, los colectivos denuncian que esta medida representa un retroceso en los avances alcanzados en materia de participación política en San Luis Potosí, que se ha destacado en el ámbito nacional por no establecer barreras para la presentación de iniciativas ciudadanas.
Argumentan que la propuesta de Rocha Medina vulnera el derecho de los ciudadanos a ser parte activa en la toma de decisiones, al poner obstáculos innecesarios para que las voces del pueblo sean escuchadas.
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Los colectivos recalcan que, aunque la diputada justifica su propuesta mencionando ejemplos de otros países como España, Estados Unidos, Colombia y Ecuador, esta comparación resulta inapropiada. "No debemos seguir ejemplos que están rezagados en cuanto a participación ciudadana. La democracia no se mide por los intereses de unos pocos, sino por la pluralidad y accesibilidad a los procesos legislativos", señalan.
Uno de los puntos más criticados es la premisa de la diputada de que las iniciativas deben partir de un "sentir general y colectivo" y no de un "interés personal y aislado". Los grupos ciudadanos califican esta afirmación como engañosa, ya que reduce el derecho de cualquier ciudadano a presentar una propuesta a un interés particular.
Insisten en que este tipo de iniciativas deben ser evaluadas en el proceso legislativo, sin descalificar a priori el interés colectivo.
Otro aspecto clave de la crítica es el aumento de los costos asociados a la participación en la vida política del Estado. Los colectivos advierten que exigir a los ciudadanos un respaldo de más de 2 mil 800 firmas crea una barrera económica que excluye a quienes no cuentan con los recursos suficientes. "La ciudadanía no dispone de los mismos medios, recursos y personal que los legisladores o los partidos políticos", mencionan.
Además, señalan que las y los legisladores de San Luis Potosí, como la propia Sara Rocha Medina, tienen sueldos elevados, lo que les otorga ventajas claras frente a cualquier ciudadano común que desee impulsar una iniciativa.
Los colectivos también subrayan que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso efectivo a los derechos políticos y ciudadanos, tal como lo estipulan la Constitución y diversos tratados internacionales. Limitar la participación ciudadana, sobre todo a sectores vulnerables como mujeres, jóvenes y comunidades indígenas, sería un acto de exclusión y discriminación.
Así mismo critican el hecho de que la iniciativa de Rocha Medina no considera el estancamiento de varias propuestas ciudadanas en el Congreso, como la Ley Santi de movilidad y seguridad vial y la Ley Sabina para la protección de la infancia.
Estas iniciativas, según los grupos ciudadanos, han sido congeladas o discutidas de forma tardía debido a los intereses políticos de los partidos y legisladores, lo que demuestra la falta de compromiso con las verdaderas necesidades de la población.
Finalmente, los colectivos hacen un llamado a las y los legisladores del Congreso del Estado de San Luis Potosí para que rechacen esta propuesta, que consideran perjudicial para la democracia y la participación política en el Estado.
