Familiares y personas rehabilitadas se manifestaron este jueves a las afueras del Congreso del Estado, en contra de la iniciativa de la diputada local Patricia Aradillas Aradillas para prohibir explícitamente el ingreso involuntario de personas a centros de rehabilitación contra adicciones, comúnmente conocidos como “anexos”.
Las personas inconformes aseguran que esto implicaría un atentado en su contra y en contra de la salud de sus familiares, puesto que se estaría criminalizando cuando alguien busca anexar a un ser querido a un centro de este tipo con la intención de que puedan rehabilitarse “es obvio que voluntariamente no lo van a querer hacer”.
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Consideran que al parecer la legisladora no está bien informada por lo que pidieron poder reunirse con ella para poder modificar su propuesta y sostuvieron que si realmente lo que quiere es ayudar a las personas que tienen adicciones lo que se tiene que hacer es brindar más apoyo para que los anexos se puedan mantener.
La iniciativa presentada pretende reformar el artículo 20 y sus fracciones de la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios de San Luis Potosí derogar artículo 23 y 24 de la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado de San Luis Potosí y adicionar fracción IV al artículo 156 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como Incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.
Cabe destacar que a nivel federal este tipo de circunstancias ya están reguladas, puesto que de acuerdo a la Ley General de Salud de la Constitución Federal, se señala que los servicios de salud mental y adicciones deben de respetar los derechos humanos y el internamiento involuntario sólo puede hacerse en casos extremos, con supervisión médica y orden judicial.
Cabe destacar que incluso detalla que anexar a una persona de forma involuntaria solo es legal cuando un médico psiquiatra certifica que la persona representa un peligro para sí misma o para otros, cuando se solicita autorización judicial y además se notifica a los familiares y da seguimiento legal y médico adecuado.
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