En el marco del encuentro “Niñeces Seguras: Construyendo Espacios Libres de Violencia”, colectivos civiles, especialistas y aliadas institucionales dieron a conocer los resultados del proyecto enfocado en generar entornos seguros para niñas y niños, así como el informe “Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí (2020–2025)”, un estudio amplio sobre las condiciones en que viven menores de edad en la entidad.
El documento es considerado uno de los análisis más completos sobre la situación de la infancia en el estado.
Para su integración se revisaron mil 258 notas informativas, se hicieron más de 100 solicitudes de datos a dependencias públicas y se recabó información directa con niñas y niños en entornos escolares.
Las cifras reflejan un panorama crítico.
En los últimos cinco años se contabilizan más de 10 mil 211 denuncias donde las víctimas fueron menores de edad, además de 9 mil 853 carpetas abiertas por delitos como violencia familiar, abuso sexual y violación.
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No obstante, apenas el 3.5 por ciento de estos casos alcanza una etapa judicial, lo que evidencia una marcada dificultad para acceder a la justicia y un alto nivel de impunidad.
En cuanto a violencia sexual, se registraron 3 mil 024 expedientes en ese mismo periodo, lo que representa más de 600 casos por año, es decir, al menos dos diariamente.
A esto se suma la cifra oculta, ya que fuentes como INEGI, UNICEF y organizaciones especializadas coinciden en que entre el 90 y 95 por ciento de estos delitos no se denuncian.
El análisis también advirtió que niñas y adolescentes mujeres concentran la mayor parte de las afectaciones, principalmente en delitos sexuales y desapariciones, lo que confirma un componente de género en este tipo de violencia.
Entre los hallazgos más preocupantes destaca que el hogar se mantiene como el principal escenario de agresiones.
En un ejercicio realizado en una escuela pública se detectó que 42.7 por ciento de menores ha sufrido golpes dentro de su familia, 39.6 por ciento ha sido objeto de gritos y 27.3 por ciento ha padecido acciones físicas como jalones, lo que refleja una normalización de estas conductas.
En los planteles educativos la situación tampoco es menor: 32.6 por ciento ha enfrentado burlas u ofensas y 27 por ciento empujones o agresiones físicas, además de que en algunos casos se identificaron episodios de violencia sexual.
Otro dato relevante es que únicamente cuatro de cada diez niñas y niños expresan lo que viven, principalmente por temor, lo que deja ver un contexto de silencio y normalización.
Ante este escenario, durante el evento el colectivo dio a conocer una propuesta de modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación estatal, que plantea la creación de Unidades de Prevención, Detección y Atención de la Violencia dentro de escuelas.
Estas instancias tendrían como función ubicar de forma oportuna situaciones de riesgo, ofrecer una primera intervención, canalizar los casos a las autoridades correspondientes y generar datos confiables para la toma de decisiones públicas.
La iniciativa parte de una premisa: el problema no radica en la falta de leyes, sino en la carencia de herramientas eficaces para aplicarlas.
Aunque existen marcos legales sólidos, persisten limitaciones para responder de manera inmediata a estos casos.
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“Cuando una niña o un niño guarda silencio, no es que no tenga nada que decir, es que no tiene un lugar seguro para decirlo”, expresaron las organizaciones participantes.
Finalmente, los convocantes exhortaron a autoridades, legisladores, instituciones y sociedad a reconocer la magnitud del problema y colocarlo como una prioridad, al advertir que la violencia contra la infancia en San Luis Potosí no es un hecho aislado, sino una problemática estructural que demanda atención inmediata.