En el marco del Día Internacional contra la LGBTIQ+fobia, organizaciones, colectivas y personas integrantes del movimiento de la diversidad sexual y de género en San Luis Potosí se pronunciaron para visibilizar las problemáticas que continúan enfrentando las poblaciones LGBTIQ+, además de reiterar que la defensa de sus derechos humanos sigue siendo una exigencia urgente.
En el mismo pronunciamiento también se anunció que la Marcha del Orgullo de San Luis Potosí cumplirá 15 años en este 2026, motivo por el cual se presentó el lema: “15 años de orgullo: comunidad, memoria y resistencia viva”.
Las colectivas explicaron que esta consigna surgió de un proceso de reflexión comunitaria y busca reconocer las historias, luchas y derechos conquistados por generaciones que han sostenido el movimiento durante años.
La Marcha del Orgullo 2026 se realizará el próximo 25 de julio y retomará su recorrido tradicional desde Morales hasta Plaza de Fundadores, donde concluirá con un encuentro artístico y cultural abierto al público.
Señalaron que actualmente existe un escenario internacional marcado por el crecimiento de discursos antiderechos, expresiones de ultraderecha y ataques dirigidos hacia las diversidades sexuales y de género, situación que, aseguraron, ha provocado que nuevamente las identidades y derechos de estas comunidades sean objeto de rechazo y confrontación pública.
Las colectivas advirtieron que ninguna sociedad democrática puede construirse desde la exclusión y recordaron que muchos de los derechos que hoy existen para las personas LGBTIQ+ en México fueron resultado de años de organización, resistencia y lucha colectiva.
Entre los avances alcanzados mencionaron el matrimonio igualitario, el reconocimiento de identidad de género y la prohibición de las llamadas terapias de conversión; sin embargo, afirmaron que dichos derechos todavía no se reflejan plenamente en la vida cotidiana de muchas personas.
Indicaron que en San Luis Potosí aún prevalecen obstáculos estructurales que afectan principalmente a personas trans, no binarias, lesbianas, gays y bisexuales, quienes continúan enfrentando actos de discriminación en espacios familiares, educativos, laborales, institucionales y digitales.
También señalaron que persisten dificultades para acceder a empleo, vivienda, servicios de salud y justicia en condiciones dignas y libres de discriminación.
Aunque reconocieron algunos avances impulsados desde colectivas, organizaciones e instituciones, consideraron insuficiente hablar de inclusión sin políticas públicas permanentes, recursos económicos suficientes y mecanismos eficaces de protección y atención.
Las organizaciones señalaron además que la discusión pública reciente relacionada con la falta de presupuesto para proyectos y espacios dirigidos a población LGBTIQ+ refleja que muchas personas siguen dependiendo del acompañamiento comunitario y de redes de apoyo para enfrentar situaciones de vulnerabilidad.
Por ello, exigieron recursos públicos transparentes y etiquetados para programas, refugios y atención integral destinada a personas LGBTIQ+, especialmente aquellas en situación de riesgo.
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Asimismo, pidieron que el Gobierno del Estado, el Congreso local y los municipios cumplan de manera efectiva con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin omisiones ni retrasos institucionales.
De igual manera, solicitaron políticas permanentes que garanticen acceso digno a salud, educación, vivienda, trabajo y justicia, así como acciones concretas para prevenir y sancionar violencias y crímenes motivados por prejuicio.