Ante la búsqueda de la despenalización del aborto en el estado de San Luis Potosí, activistas del colectivo Marea Verde han destacado que, aunque las mujeres que deciden practicarse un aborto ya no van a la cárcel, aquellas mujeres que las acompañan en la clandestinidad sí corren peligro de ser encarceladas.
“Una cosa que no está impidiendo la reforma del Código Penal es que las mujeres que acompañamos a otras mujeres podamos ser encarceladas por coadyuvar a un aborto. Somos muy cuidadosas y distribuimos la información justa para poder hacerlo, pero es cierto que es uno de los riesgos que nos enfrentamos y por eso muchas acompañamos en clandestinidad. Necesitamos dejar de hacerlo, no podemos las activistas estar cubriendo los costos que le corresponden al Estado, no a nosotros”, señaló la activista Fátima Alvizo.
Por otro lado, las activista destacó que han rastreado que más de 100 mujeres potosinas han acudido a clínicas públicas de la Ciudad de México, eso sin conocer los datos de aquellas que hayan interrumpido su embarazo en clínicas privadas y aquellas que lo han hecho en la clandestinidad, lo que forma una cifra negra incalculable.
Para aquellas que no pueden pagar traslados y todo lo que conlleva realizarse un aborto en otro estado, existen las redes y colectivos.
Señalaron, que desde Marea Verde acompañan en promedio a 300 mujeres a interrumpir su embarazo por año.
“Acompañamos en promedio a 300 mujeres a interrumpir sus embarazos por año. Una sola red, imagínense la cantidad de mujeres que están accediendo al aborto sin acompañamiento, sin acceso a la salud pública, sin la posibilidad de acceder a otro tipo de mecanismos, la cifra negra es altísima.”
Por último, compartieron que las consecuencias para las mujeres que siguen abortando en el estado es la posibilidad de prisión, consecuencias en la salud por acceder a mecanismos no del todo fiables y que existe una discriminación situada, pues quienes se lo realizan es quienes pueden pagarlo y quienes tengan acceso a la información.