A pesar de pagar más de 90 mil pesos al año entre colegiatura, inscripción, uniformes y materiales, Daniela Ramos no ha encontrado justicia para su hijo, un niño de ocho años que fue víctima de acoso físico, verbal y psicológico dentro del Instituto Hispano Inglés de San Luis Potosí.
A casi nueve meses de haber iniciado el proceso, ni la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ni la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) han ofrecido solución alguna.
La madre denunció que su hijo comenzó a sufrir agresiones desde septiembre del año pasado, lo que derivó en problemas de salud graves, incluyendo una inflamación intestinal provocada por estrés crónico que requirió intervención médica.
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A pesar de que el alumno señalado como agresor ya no está inscrito en la institución ya que fue retirado por decisión de sus padres, el ambiente en el plantel continúa siendo hostil para el menor afectado.
“Pagamos por educación y seguridad, no por miedo y enfermedad, pensando que por ser colegio estaría mejor", expresó la madre de familia.
De acuerdo con Daniela Ramos, después de la salida del alumno agresor, el colegio no solo no ha generado condiciones adecuadas para el bienestar de su hijo, sino que ha intensificado el acoso institucional.
Señaló que algunos maestros han sometido al niño a interrogatorios constantes sobre su vida familiar, sugiriendo que el conflicto se origina en el entorno doméstico, lo cual considera una forma de revictimización.
En su declaración ante la CEDH, el colegio negó haber sido notificado formalmente sobre el caso y minimizó las agresiones, a pesar de que la familia ha entregado pruebas desde el año pasado.
La madre sostiene que incluso se intentó desviar la atención culpando al divorcio de los padres como origen del malestar emocional del niño.
Así mismo aseguró que el menor agresor ya había presentado antecedentes de conductas violentas en otros centros educativos, e incluso introducía pistolas de juguete a las aulas.
Estos hechos, según ella, evidencian un patrón de permisividad dentro del Instituto Hispano Inglés.
La madre de familia también comentó que la supervisora escolar de la zona 165, Luz María Montejano Villaseñor, les pidió quitar toda la información relacionada con el caso.
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Desde la Fiscalía, se le indicó a la madre que debía acudir a la vía civil, ya que el niño señalado como agresor es menor de edad. Ante la falta de respaldo, Ramos ha solicitado públicamente la intervención de la senadora Ruth González Silva, con la intención de iniciar una demanda civil contra el colegio.
Hasta el momento, ninguna de las instancias involucradas ha emitido una resolución formal, dejando en el aire la esperanza de justicia para el menor y su familia.