El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mauricio Ramírez Konishi, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), resolver el caso de los presuntos delitos cometidos por parte de personas que utilizaban un vehículo oficial del Poder Legislativo y aseveró que no se protegerá a nadie y se tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias.

Añadió que existe la confianza en que las autoridades competentes llegarán hasta las últimas consecuencias en la investigación para deslindar responsabilidades en estos hechos y aplicar las sanciones en contra de quien o quienes resulten responsables.

Recordó que derivado del conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, se realizó una investigación interna que brindó elementos para interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para que continúen con el proceso respectivo, en donde el Poder Legislativo se mantendrá al pendiente para aportar lo necesario y cooperar en la investigación.

Internamente, el Congreso del Estado será contundente para transparentar las acciones administrativas y no tolerar actos de encubrimiento o de responsabilidad administrativa.

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Explicó que para para realizar un procedimiento de destitución de un funcionario público, se tiene que llegar a un acuerdo de la Contraloría Interna para que pase a la Junta de Coordinación Política y después se apruebe en el Pleno del Congreso del Estado, “es un trámite que nos tomaría un tiempo más extenso”.

Por ello, se acordó por la Jucopo empezar un trámite más corto, que es, “separar de sus actividades al Coordinador de Asuntos Internos para que se pueda realizar una investigación y deslindar responsabilidades, sus actividades que tiene pasen a la Contraloría Interna para continuar con el trámite de la entrega-recepción, este proceso ya se encuentra por resolver”.

Finalmente, el legislador Mauricio Ramírez Konishi, puntualizó: “no vamos a vulnerar los derechos laborales de ninguna persona, pero también es evidente que el Congreso del Estado tiene que actuar para colaborar con las autoridades para resolver estos hechos”.

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