La organización Cambio de Ruta llamó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0314, la reforma aprobada en San Luis Potosí que incorpora delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial al Código Penal estatal.
La solicitud fue presentada por Luis González, representante de la asociación civil, quien advirtió que esta normativa podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a informar, el activismo y la labor de documentación en materia de derechos humanos.
El documento, dirigido a Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, expone que las comisiones de derechos humanos están facultadas para promover acciones de inconstitucionalidad conforme al artículo 105 de la Constitución mexicana y su ley reglamentaria.
Por ello, Cambio de Ruta pidió activar este recurso antes del 18 de diciembre de 2025, fecha en que concluye el plazo de 30 días establecido tras la publicación del decreto el pasado 18 de noviembre.
En su escrito, la organización subrayó que la reforma contiene múltiples inconsistencias constitucionales, entre ellas la utilización de términos ambiguos como “alarma pública”, “alterar la paz social”, “confianza pública” o “riesgo verificable”, conceptos que advirtió permiten interpretaciones amplias y discrecionales por parte de las autoridades.
Esto, señalan, viola el principio de taxatividad previsto en el artículo 14 constitucional.
Cambio de Ruta también alertó que las nuevas figuras penales podrían inhibir actividades legítimas como el periodismo de investigación, la crítica política, la sátira, la creación artística, así como la defensa de derechos humanos y la documentación ambiental.
Sostienen que las sanciones contempladas resultan desproporcionadas en relación con otros delitos de mayor gravedad, y que las cláusulas que exigen demostrar la ausencia de dolo invierten indebidamente la carga de la prueba, afectando la presunción de inocencia.
La organización recordó además que estándares internacionales, como los fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen que cualquier limitación a la libertad de expresión debe ser previa, necesaria y estrictamente proporcional, criterios que aseguran el Decreto 0314 no cumple.
En su argumentación, Cambio de Ruta expone que su labor cotidiana incluye monitoreo ambiental, documentación de abusos, seguimiento de acciones públicas, investigación periodística y actividades de crítica política, tareas que sostienen, podrían verse amenazadas bajo el nuevo esquema penal.
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Por ello, la asociación solicitó formalmente a la CEDH que interponga la acción de inconstitucionalidad dentro del plazo legal; que utilice sus convenios con universidades, organismos especializados y colectivos civiles para fortalecer los argumentos jurídicos; y que haga pública la decisión institucional debido al impacto social del tema. Además, pidió establecer coordinación con otras comisiones y especialistas, nacionales e internacionales, con el fin de generar precedentes que garanticen la protección de derechos fundamentales.
La petición quedó asentada como un llamado urgente ante lo que la organización califica como un riesgo para la vida democrática del estado.