Los colectivos mayas reprochan la intervención gubernamental en los ejidos y poblaciones indígenas para dividirlos y confrontarlos, en torno a los megaproyectos.
Esta situación afectaría a 60 mil habitantes de la capital potosina y Mexquitic de Carmona.
Cualquier cambio de uso de suelo, compra, venta o dotación de tierras tiene que estar avalada por la Procuraduría Agraria, señala gobernador tras señalamientos de ejidatarios.
El pleito data desde diciembre del 2016 han acudido a Matehuala, Cedral y SLP sin éxito, al menos 100 ejidatarios y sus familias son los afectados que por años han vivido gracias a la actividad ganadera de la zona.
Hace dos años el uso de la fuerza pública destruyó el patrimonio de la familia Haro.
Ejidatarios han intentado desalojar a vecinos del fraccionamiento Buenos Aires; el problema se presentó por la emisión de un decreto durante la gestión de Leopoldino Ortiz Santos para otorgar una extensión de 67 hectáreas que se ubican dentro de dicho fraccionamiento.