En marzo de 2004, México fue testigo de uno de los episodios más ríspidos por la lucha del control político: los videoescándalos. Varios de sus protagonistas parecen revivir ese encono 15 años después
Las compañías investigadas por la FGR fueron acusadas de realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.
La Juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó una suspensión definitiva al abogado Juan Collado en el juicio con el que pretendía blindar el edificio sede de Libertad Servicios Financieros
El juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México tuvo por no presentada la demanda de Collado Mocel debido a que no precisó los actos que reclamó en su escrito
EL UNIVERSAL informó este lunes que el amparo que el abogado solicitó no fue admitido porque el juez le pidió que, en un plazo de cinco días, señale si deseaba llamar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como autoridad responsable del acto que reclamó
El juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al abogado Juan Collado, quien tramitó un amparo con el que reclamó la orden de ejecución y aseguramiento del inmueble
El abogado reclamó la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de incluirlo en la lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado de dinero; su demanda no ha sido admitida
Los establecimientos prendarios se extienden a 8 estados; son propicias para dificultar rastro de dinero: especialista
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, se han bloqueado las cuentas de personas relacionadas con el caso del abogado acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Collado solicita amparo para evitar aseguramiento de sede de Libertad Servicios Financieros
El abogado intentó impugnar cualquier orden, mandato o instrucción girada para asegurar el inmueble ubicado en Querétaro; la juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió cinco días al jurista para que aclare el acto que reclama