El caso fue denunciado por el INE el pasado 3 de octubre y se solicitó la colaboración de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Cibernética de la Policía Federal, por lo que la venta de los datos de la Lista Nominal de Electores quedó desactivada.