La inteligencia artificial avanza a una velocidad que amenaza con dejar atrás a las leyes. La creación de videos falsos, la imitación de voces, el uso de imágenes sin autorización y los posibles daños provocados por sistemas automatizados abren nuevos desafíos jurídicos que México todavía enfrenta sin una legislación integral en la materia.
Así lo advirtió Saúl Rodríguez Corona, maestro y catedrático de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien señaló que el desarrollo acelerado de estas herramientas obliga a replantear cómo proteger los derechos humanos, los datos personales y la responsabilidad legal ante posibles abusos.
El académico explicó que, aunque la inteligencia artificial existe desde hace décadas, su expansión generativa a partir de 2020 permitió que millones de personas accedieran a herramientas capaces de producir imágenes, imitar voces y crear videos con apariencia realista.
Estas posibilidades han ampliado las aplicaciones de la tecnología, pero también han complicado la identificación de conductas que pueden vulnerar derechos.
Uno de los principales riesgos está relacionado con la utilización de la imagen y la voz de una persona para generar contenidos sin su consentimiento, así como con el uso de materiales protegidos por derechos de autor.
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En estos casos, advirtió, resulta necesario analizar las condiciones en las que se produjeron y difundieron los contenidos para determinar si existen responsabilidades legales.
Rodríguez Corona señaló que México aún no cuenta con una ley general que regule de manera integral la inteligencia artificial, aunque existen propuestas legislativas para establecer criterios federales.
Consideró que una regulación coherente permitiría evitar disposiciones aisladas y ofrecer mayor claridad sobre los derechos y obligaciones de quienes desarrollan, comercializan o utilizan estas herramientas.
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El debate también alcanza a la impartición de justicia. El especialista advirtió que los sistemas de inteligencia artificial pueden generar resultados sesgados, información incorrecta o conclusiones que afecten a las personas si se utilizan sin una revisión adecuada.
El señalamiento cobra relevancia ante la posibilidad de incorporar estas tecnologías en tareas relacionadas con el análisis de información jurídica y la preparación de documentos.
Aunque pueden agilizar procesos, el académico sostuvo que sus resultados deben ser revisados por profesionales, debido a que los sistemas pueden producir referencias inexistentes, errores y documentos con deficiencias.
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En el ámbito internacional, Rodríguez Corona destacó que Estados Unidos, China y la Unión Europea representan tres modelos de referencia para abordar la regulación de la inteligencia artificial.
Entre ellos, consideró que el enfoque europeo destaca por colocar a las personas y la protección de sus derechos fundamentales en el centro de sus disposiciones.
Para San Luis Potosí, el especialista consideró necesario impulsar espacios de diálogo entre universidades, juristas, desarrolladores y otros sectores involucrados, con el propósito de analizar los efectos de esta tecnología y contribuir a la elaboración de propuestas con sustento técnico y jurídico.
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El reto, concluyó, no consiste en frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, sino en establecer reglas que permitan aprovechar sus beneficios sin dejar desprotegidas a las personas frente a los riesgos de su uso.
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