El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá un padrón de las empresas que prestan servicios de outsourcing, mediante el cual podrá identificar a las defraudadoras del fisco y de seguridad social.
El administrador Central Jurídico de Actividades Vulnerables del SAT, Ramón García Gibson, dijo que lo anterior se podrá saber con el programa de autorregulación en materia de identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita que entrará en vigor el 21 de junio próximo.
“Vamos a revisar con ese programa cuántas… Se va a ver”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
García Gibson supervisa el cumplimiento de la ley antilavado de las actividades vulnerables no financieras como los casinos, constructoras, inmobiliarias, notarios y vendedores de arte, entre otras.
Detalló que el outsourcing es parte de las actividades vulnerables bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como ley antilavado.
Destacó que es importante ver en el tema de la LFPIORPI, la obligación que existe para las diferentes actividades vulnerables, las cuales se van a dar de alta y las que por sus características deben hacerlo.
“Tenemos el padrón de actividades vulnerables; estamos viendo cuántas se van a adecuar, esperamos ver cuántas más se suman”, señaló.
Refirió que hay 56 mil actividades vulnerables que ya se dieron de alta ante el SAT desde que entró en vigor la ley, pero la idea es que con el programa de autorregularización se pueda ver qué otras se agregan.
De acuerdo con el funcionario, se percibió una buena recepción del programa para estar al día en las obligaciones en materia antilavado de las actividades vulnerables que por alguna razón no habían cumplido.
Afirmó que entre éstas se incluye a las empresas de outsourcing.
La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) informó que en el país hay casi 900 simuladoras del outsourcing que utilizan el modelo para evadir a la autoridad fiscal, al IMSS y al Infonavit.
Añadió que esas firmas cobran barato por sus servicios de tercerización, pero logran grandes ganancias.
En estas condiciones es que la AMECH pidió una regulación adecuada para evitar que las compañías que simulen operaciones continúen en activo.
Cumplimiento ante Gafi. El Administrador Central Jurídico de Actividades Vulnerables del SAT participó en el seminario Corrupción y Lavado de Dinero, en el cual explicó que en la Ley de Ingresos de la Federación de 2019, en un artículo transitorio, se prevé la autorregularización.
Señaló que no es específicamente un tema de lavado de dinero, sino una norma de los diferentes sectores en la cual también se prevé en la ley antilavado que si el sujeto obligado manifiesta por única vez el no haber cumplido y de manera espontánea antes de que haya una verificación, puede ser objeto de que no se le imponga una sanción.
Consideró que el programa de autocorrección puede ser en beneficio de dichas actividades, así como para el cumplimiento de los compromisos internacionales con el Grupo de Acción Financiera (Gafi).
Comentó que las reglas se publicaron el 16 de abril de 2019, para interesados en corregir su situación, y que gozarán de la no imposición de sanciones y condonación de multas.
A partir de esa fecha, se dan 45 días para la entrada en vigor de la norma, es decir, que será el 21 de junio próximo, precisó.
Tendrán que ver cuáles han sido los incumplimientos que cada una tuvieron desde 2013 hasta 2018.
Manifestó que el programa fue bien recibido, pues así se percibió en las reuniones que han tenido con algunos de los representantes de los sectores implicados.
Señaló que el tema de contar con auditores externos en materia antilavado como sucede para el caso del sector financiero, no está presente en las actividades consideradas vulnerables, lo que puede ayudar a la verificación del SAT.
Reiteró que sólo podrán beneficiarse de la no imposición de sanciones, ni multas, aquellos que no han tenido ninguna visita o verificación por parte del Servicio de Administración Tributaria.
Lo importante, agregó, es que el sujeto obligado sea el que señale cuáles han sido sus incumplimientos que pueden ser la no identificación
de sus clientes, omitir el envío de los avisos o que tampoco hayan integrado los expedientes.
Pero además, que en el programa de corrección, informe cómo va a solucionar las deficiencias, para lo cual contarán con seis meses para ponerse al corriente.
