Este año, el Banco de México (Banxico) cumple 25 años de ser una institución autónoma; es decir, que no puede ser obligado a prestarle dinero al gobierno, y ninguna autoridad puede ordenarle que le brinde crédito.
Tal es la esencia de la autonomía que conquistó el instituto central con la reforma al artículo 28 de la Constitución en 1993, la cual entró en vigor el 1 de abril de 1994.
Ser autónomo implica que determina las políticas e instrumentos para alcanzar su objetivo prioritario, que es mantener la estabilidad de precios, así como para realizar sus otras funciones.
Así, si el gobierno llega a tener un problema de dinero, ni siquiera el presidente de la República puede exigirle al banco central que lo saque de apuros o solicitarle apoyo para financiar el gasto público.
La Constitución política mexicana ordena al banco central a tener como objetivo principal preservar el valor de la moneda; es decir, combatir la inflación para que los precios al consumidor no anulen el valor del salario de los trabajadores.
El Banco de México tiene otros dos objetivos secundarios, que son promover un sistema financiero sano y el adecuado funcionamiento del sistema de pagos.
Además, tiene independencia presupuestal y de gestión, porque al administrar las reservas internacionales del país, que ascienden a cerca de 179 mil millones de dólares, obtiene rendimientos de las inversiones de dichos activos.
Para cumplir su mandato primario, se propuso como meta puntual que la inflación no rebase un nivel de 3%, con un rango de variabilidad de más/menos un punto porcentual. Desde enero de 1999, Banxico adoptó la estrategia de objetivos de inflación como un mecanismo para mejorar la comunicación con el público y reforzar la credibilidad en el banco central.
Si llega a desviarse de dicho objetivo, tiene que reaccionar para evitar que se deteriore el poder adquisitivo de los mexicanos, ya que la inflación es considerada como un impuesto que afecta a los de menores ingresos.
Para combatir la inflación, Banxico tiene como instrumento de política monetaria la tasa de referencia, que sirve para ponerle un costo al dinero.
Si la tasa sube, se encarece el costo del dinero vía el crédito y el financiamiento. Además, al ser un banco autónomo, nadie le puede pedir que suba o baje la tasa para estimular o contraer la economía.
Como banca central tiene la responsabilidad de proveer de dinero a la economía, para lo cual cuenta con dos fábricas de billetes, y tiene la facultad de ordenar a la Casa de Moneda de México la acuñación del dinero metálico.
Además, el banco central tiene la facultad exclusiva de colocar los billetes y monedas entre el público. La emisión de billetes y monedas, se hace en función de la demanda por parte de la sociedad.
De ahí que nadie puede ordenarle o pedirle que emita más papel moneda o billetes de los que se requieren.
Junta de gobierno
Antes de obtener su autonomía, el Banco de México era encabezado por un director general que era nombrado directamente por el jefe del Ejecutivo federal en turno.
Hoy está a cargo de un gobernador y las decisiones se toman de manera colegiada a través de una junta de gobierno integrada por cinco miembros: el gobernador, quien tiene voto de calidad, y existen cuatro subgobernadores. Juntos, los cinco integrantes son responsables de la conducción de la política monetaria.
Si bien todos los miembros de la junta de gobierno son designados por el Ejecutivo federal, el Senado de la República debe ratificar los nombramientos. Son designados de tal manera que no estén en función de los ciclos políticos, y deben reunir ciertos requisitos para ocupar los cargos.
A propósito de los 25 años de la autonomía, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, destaca que “cuando un banco central está sujeto a las directrices de los gobiernos en turno y no se cuenta con límites y objetivos claros y verificables para su accionar, sus facultades han llegado a ser mal utilizadas, lo que ha derivado en episodios de crisis muy costosos para las sociedades”.
En un texto publicado en el portal del Banxico, Díaz de León refiere que a lo largo del siglo XX varios países experimentaron graves crisis macroeconómicas, desencadenadas o amplificadas por una dominancia de las necesidades fiscales sobre la conducción de la política monetaria.
Señala que diversos gobiernos, tanto de países emergentes como desarrollados, pretendieron sin éxito estimular la actividad económica y el empleo presionando al banco central a adoptar una política monetaria expansiva, para financiar el gasto público.
“Esta utilización de la política monetaria, aunada a otros desequilibrios, generó distorsiones y, en muchos casos, provocó crisis de gran magnitud”, se afirma en el artículo.
Además, destaca que dada la experiencia traumática de muchas naciones, numerosos países otorgaron autonomía a sus bancos centrales, garantizándoles una sana independencia de las necesidades fiscales de los gobiernos y del ciclo político.
