La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, María Manuela García Cázares, reconoció que una de sus tareas prioritarias es establecer una planeación presupuestal adecuada, de tal forma que no suceda lo de los últimos días del 2022 que se tuvo que solicitar un préstamo extraordinario al gobierno estatal para poder solventar las prestaciones laborales propias de fin de año.
“Todavía no recibimos el presupuesto para este 2023, pero una vez que se reciba se tendrá que hacer una represupuestación, todavía no lo hacemos, pero ya estaremos viendo a que partes se va el recurso conforme a lo planeado”, explicó.
García Cázares insistió en que es necesario hacer los ajustes necesarios para que no se repita lo de finales del año pasado y se tienen que hacer esfuerzos mayores de austeridad en varios rubros y de diversas maneras, adelantó que entre estos se evaluará dejar de arrendar inmuebles en la medida de lo posible para evitar que se vaya el dinero este tipo de cuestiones.
Aunque no precisó el número de inmuebles que está rentando actualmente el Poder Judicial en todo el estado, dijo que es un buen número de oficinas que funcionan de esta manera y que representan una erogación considerable para su presupuesto “de entrada todos los juzgados del interior del estado están en oficinas rentadas, más algunas otras oficinas administrativas aquí en la capital”, concluyó.
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