La posibilidad de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea sometido a evaluaciones anuales generaría un entorno de incertidumbre para las inversiones, por lo que el sector empresarial considera más conveniente mantener periodos de revisión más amplios, así lo afirmó Juan Carlos Salazar Viesca, presidente de Coparmex, delegación Altiplano.

El dirigente empresarial señaló que la expectativa del organismo es que el acuerdo comercial conserve un esquema de revisiones periódicas, pero descartó que un análisis cada año sea un escenario adecuado, al considerar que implicaría un proceso complejo en un lapso demasiado corto.

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En ese sentido, indicó que desde la iniciativa privada visualizan como un escenario más razonable revisiones cada cinco o diez años, al estimar que ese plazo brindaría mayor estabilidad, tanto para los gobiernos como para quienes toman decisiones de inversión.

Respecto a la posibilidad de que el tratado pudiera mantenerse sin cambios durante 16 años, como se ha planteado desde el gobierno federal, Salazar Viesca reconoció que sería el panorama ideal, aunque admitió que luce difícil de concretar.

Explicó que los proyectos de inversión requieren horizontes de largo plazo para desarrollarse y consolidarse, por lo que alcanzar ese periodo representaría un avance importante en materia de certidumbre.

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Sobre el impacto que ha tenido la relocalización de empresas en la zona Altiplano, el presidente de Coparmex sostuvo que los resultados han estado por debajo de lo esperado.

Afirmó que México no ha logrado aprovechar plenamente el traslado de inversiones provenientes de Asia, particularmente de China, debido a factores que, desde la óptica empresarial, han debilitado la confianza de los inversionistas, entre ellos modificaciones al Poder Judicial, cambios legislativos y la desaparición de organismos autónomos.

Si bien reconoció que algunas compañías sí han decidido instalarse en el país, consideró que el flujo de inversiones dista del potencial que podría alcanzarse bajo condiciones de mayor certeza jurídica.

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No obstante, confió en que los proyectos de infraestructura previstos para la región puedan convertirse en un detonante para el desarrollo económico del Altiplano.

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