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Al escándalo de corrupción que rodea al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se suma uno más que involucra a funcionarios de la petrolera de la administración pasada.
Responsables de dirigir Pemex Refinación —ahora Transformación Industrial—, participaron en un probable fraude contra la petrolera al autorizar la disolución de la mayor compañía distribuidora de lubricantes que nació de la sociedad que existía entre Pemex e Impulsora Jalisciense, con notables irregularidades como la falsificación de firmas.
En el convenio que sirvió para finiquitar la sociedad, signado en septiembre de 2012, fue detectada la falsificación “por el método de simulación” del entonces dueño de Impulsora Jalisciense, Salvador José Martínez Garza, lo que no sólo constituye un acto de corrupción que invalida el proceso que está en baúl de los casos cerrados, sino que abre la puerta a que Pemex recupere y tome el control de la empresa que ahora es propiedad de la familia Martínez Garza, Akron.
De acuerdo con información de una investigación que será presentada a las autoridades correspondientes en los próximos días y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, la sola inconsistencia de la firma de uno de los principales actores en la disolución de sociedad fundada en 1993, abre varios frentes que pueden favorecer las finanzas de Pemex:
De entrada, recuperar la empresa con la marca Akron —cuyo propietario actual es Impulsora Jalisciense—, que recibe de Pemex mensualmente 4 millones 500 mil litros de productos petrolíferos, fundamentalmente aceites y lubricantes.
En consecuencia, el regreso de Pemex a un mercado de aceites y lubricantes que en México tiene un costo de mil 200 millones de dólares anuales.
La liquidación de la sociedad también supuso la extinción de la exclusividad de la venta de aceites lubricantes y grasas lubricantes de la marca Pemex en las estaciones de servicio de la franquicia de la petrolera, lo que también puede quedar invalidado.
Además, al recuperar la marca Akron, Pemex está en posibilidades de cobrar patrocinio del estadio de futbol del equipo Chivas de Guadalajara —anteriormente estadio Omnilife y ahora conocido como Estadio Akron— y de la marca en las playeras del mismo equipo, así como la correspondiente a la comercialización de los artículos deportivos que tienen estampada la marca Akron.
También la marca Akron es patrocinadora del boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez.
Pemex también está en posibilidad de exigir la recuperación de aproximadamente 282 millones de pesos que le correspondían proporcionalmente por su participación accionaria, recursos que nunca llegaron a las arcas de Pemex Refinación, entonces dirigida por Miguel Tamez Domínguez.
Simulan puño y letra
La investigación surgió a partir de que la unidad de Servicios Periciales de la firma consultora Cal y Mayor realizó un análisis de grafoscopía y documentoscopía del convenio de disolución de la asociación entre Impulsora Jalisciense y Pemex Refinación, en la que se detectó que la firma de uno de los principales interesados en la disolución de la sociedad, Salvador Martínez Garza, “no proceden al puño y letra” del mismo personaje.
Son el producto, añade el documento, “de una falsificación por el método de la simulación, en la que su actor, es una persona sana, y efectivamente no presenta una cuadriplejia con incoordinación de los miembros superiores, como es la que cursa el señor Salvador José Martínez Garza”.
Uno de los funcionarios directamente involucrado y que firmó el convenio —con la firma falsificada— por parte de Pemex Refinación es José Agustín Portal y Ariosa, que se ostentó como apoderado legal y uno de los hombres de confianza de Juan José Suárez Coppel, que en ese momento dirigía Pemex.
El convenio de disolución no sólo le dio amplio margen de operación comercial a Impulsora Jalisciense, sino que recibió el “perdón” por parte de Pemex y el desistimiento a ejercer acciones legales en su contra por parte de la petrolera.
Después del fallecimiento de Martínez Garza, la empresa Akron es operada por su familia.
Historia de irregularidades
Desde la conformación de la sociedad entre Impulsora Jalisciense y Pemex Refinación, siempre existieron irregularidades que fueron permitidas desde la propia dirección de la petrolera.
De entrada, Pemex dejó parte del negocio de la venta de lubricantes, que en 1991 le dejo utilidades por 225 millones de dólares, para que un año después lo vendiera en 50 millones, a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos en las mismas bases de licitación, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de la Función Pública de noviembre de 2006.
La dependencia habría advertido que después de 15 años de sociedad con Impulsora Jalisciense acumulaba una pérdida de 3 mil 375 millones de dólares, equivalentes a 371 mil 250 millones de pesos, según el tipo de cambio de 2006.
Más adelante, Pemex intentó sin éxito ejercer su derecho de compra de 51% de las acciones de la empresa.
También fueron documentadas “denuncias o investigación por prácticas monopólicas, ya que en los contratos de suministro y franquicia existe cláusula de exclusividad que obliga a las estaciones de servicio a comprar únicamente los aceites y grasas lubricantes marca Pemex o de aquellas empresas en las que tenga participación social.”
A pesar de estas y otras irregularidades y después de mantener una sociedad de casi 20 años con Pemex —a la que le adeudaba más de mil millones de pesos por utilidades no pagadas—, de tener más de 50 litigios en su contra, de acusaciones por un presunto desfalco fiscal por 40 mil millones y de daño patrimonial por más de 12 mil millones al erario federal, la empresa de Salvador José Martínez Garza sería beneficiada con un “borrón y cuenta nueva” antes de que terminara el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
En julio de 2012, durante la Expo Pemex, el entonces director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, informó a varios empresarios su intención de “normalizar” la relación con Impulsora Jalisciense. Una de las opciones fue finiquitar la sociedad a pesar de que esa compañía arrastraba varias investigaciones abiertas y decenas de litigios en tribunales.
Finalmente, en 2012 se concretó la disolución de la sociedad y se archivó el expediente como “caso cerrado” por parte de Pemex, el cual puede reabrirse al conocerse de un posible fraude por la falsificación de la firma de Martínez Garza.
