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En San Luis Potosí hay actualmente cerca de 6 mil viviendas en proceso de desarrollo, las cuales podrían avanzar o concretarse a lo largo de este año, aunque su viabilidad sigue condicionada por el incremento en los costos de construcción, el precio de la tierra y los tiempos de autorización, informó Ignacio Gómez Martínez, gerente de la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).
El representante del sector explicó que estos proyectos se encuentran en distintas etapas administrativas, tramitando factibilidades de servicios, licencias de construcción y autorizaciones de fraccionamiento, con el objetivo de ser evaluados por organismos como Canadevi, el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda para su eventual desarrollo en 2026.
Detalló que, si bien estas 6 mil viviendas están actualmente en proceso, la expectativa es que el número pueda ampliarse durante el sexenio, ya que existe capacidad financiera por parte del Infonavit para impulsar programas habitacionales de mayor alcance.
Sin embargo, advirtió que el contexto inflacionario y el alza sostenida en los insumos de la construcción continúan siendo factores que limitan el ritmo del desarrollo de vivienda social en San Luis Potosí.
No obstante, reconoció que uno de los principales obstáculos es el encarecimiento de la vivienda, impulsado por la inflación en los insumos de la construcción, particularmente en materiales como acero y cemento.
Indicó que estos incrementos han sido superiores al crecimiento del salario real de los trabajadores, lo que impacta directamente en la viabilidad de los proyectos.
De acuerdo con estimaciones del sector, el costo de desarrollar vivienda se incrementó el año pasado entre 8 y 8.5 por ciento, un porcentaje que rebasa el aumento en los ingresos promedio de la población.
A ello se suma el alto precio de la tierra y de los servicios, que en conjunto representan entre 35 y 40 por ciento del valor final de una vivienda.
El gerente de Canadevi explicó que, aunque la vivienda social no cuenta con subsidios directos, sí dispone de facilidades como financiamiento por parte de los institutos, sin costos financieros, ni de colocación, así como la agilización de trámites mediante la gestión institucional, lo que permite contener parcialmente los precios.
Reconoció que, en muchos casos, los desarrolladores operan con márgenes mínimos de ganancia, apostando más por la capitalización de sus empresas y por cumplir una función social, luego de que durante años amplios sectores de la población quedaron sin acceso a una vivienda adecuada.
Cambios en normatividad, los retos de este año
En cuanto a los retos para este año, advirtió que, además de la autorización de fraccionamientos, el sector enfrentará cambios relevantes en materia de normatividad federal, particularmente en temas relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y el acceso al agua, un insumo que calificó como especialmente delicado para los desarrolladores.
Añadió que las modificaciones en los derechos de uso de agua, así como el incremento en combustibles, maquinaria y materiales con precios internacionales continúan presionando al alza el costo de la vivienda muy por encima de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Finalmente, señaló que el déficit de vivienda sigue siendo un problema latente a nivel estatal y nacional, reflejado en las condiciones de hacinamiento que persisten, lo que evidencia la magnitud de las necesidades habitacionales en el país.
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