El aguinaldo, una prestación contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT), es un derecho inalienable de las personas trabajadoras que debe pagarse antes del 20 de diciembre.
Este beneficio, establecido en el artículo 87 de la LFT, equivale a un mínimo de 15 días de salario y no puede ser otorgado en especie.
Esta obligación no sólo aplica a las empresas, sino también a las personas empleadoras que hayan contratado trabajadoras del hogar, como lo estipula el artículo 334 del mismo marco legal.
El incumplimiento del pago del aguinaldo puede tener graves consecuencias económicas para los patrones.
Según la LFT, las sanciones oscilan entre 50 y 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que este año podría traducirse en una multa de más de 518 mil pesos.
En caso de reincidencia, el artículo 992 establece que la sanción se duplica, elevando la multa a más de un millón de pesos. Sin embargo, para llegar a este punto es necesario que exista una denuncia previa que evidencie la falta inicial y una posterior que documente la reincidencia.
Para quienes no hayan recibido su aguinaldo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría gratuita y defensa legal.
Las denuncias pueden presentarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) o en los centros locales de conciliación que están ubicados en Julián de los Reyes número 346- primer piso, zona centro.
También se puede marcar al número de teléfono 800 911 78 77 y 800 717 29 42.
La primera etapa es la conciliación, donde no se requiere abogado. Si no se llega a un acuerdo, el caso se traslada a un tribunal laboral, donde sí será necesaria una defensa legal.
Asimismo, las procuradurías del trabajo estatales pueden realizar inspecciones laborales anónimas para documentar el incumplimiento.
Las personas trabajadoras tienen hasta un año, contado a partir del 20 de diciembre, para denunciar la omisión del pago de aguinaldo.
Cabe descartar que el aguinaldo no es sólo una tradición decembrina, sino un derecho fundamental que fortalece la economía de las familias trabajadoras.
Las empresas deben cumplir con esta obligación y las personas trabajadoras no deben dudar en exigir lo que por ley les corresponde.