El tiempo se agota para los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que buscan dar certeza legal a sus unidades, pues está por terminar el periodo extraordinario que permitió realizar su regularización mediante importación aduanera, informó Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de Campesinos y Trabajadores Luchando por tu Patrimonio (CTLP).

La dirigente señaló que este plazo especial fue posible a partir de un concedido tras la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mecanismo mediante el cual en San Luis Potosí pudieron regularizarse cerca de mil vehículos adicionales durante este periodo.

Gómez Suárez destacó que CTLP es una organización potosina con más de tres décadas de estar constituida legalmente y que, junto con agrupaciones de otras entidades, consiguió que se otorgara esta posibilidad para los propietarios de unidades extranjeras.

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Agradeció además la confianza de quienes recurrieron a la organización y el respeto mostrado por las autoridades de los tres niveles de gobierno hacia los poseedores de este tipo de vehículos.

¿Cuándo vence el plazo de regularización?

Es el próximo 30 de septiembre de 2026 cuando el plazo para regularizar los llamados "autos chocolate" se venza y la presidenta de CTLP sostuvo que no se contempla un nuevo decreto federal de carácter general para volver a regularizarlos económicamente, por lo que el programa extraordinario llegará oficialmente a su fin.

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Ante este escenario, anunció que la organización realizará jornadas de orientación y asesoría legal dirigidas tanto a sus integrantes como a personas interesadas en conocer qué alternativas existen para sus unidades.

El objetivo, explicó, es evitar que los propietarios sean víctimas de extorsiones, engaños o posibles decomisos realizados fuera de los procedimientos legales, situaciones que, afirmó, se han presentado anteriormente.

Alertan por falsas organizaciones

Gómez Suárez también llamó a los propietarios a tener cuidado con organizaciones que ofrecen procesos de regularización inexistentes.

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Aseguró que en San Luis Potosí operan alrededor de 100 pseudoorganizaciones que, dijo, engañan y defraudan a personas mediante supuestos trámites de legalización.

En contraste, afirmó que CTLP cuenta con un acta constitutiva respaldada ante instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros organismos federales.

La dirigente también reconoció el respaldo del mandatario estatal y solicitó que se destrabe y active el Registro Público Vehicular (REPUVE), con la finalidad de que puedan concluirse algunos procedimientos oficiales.

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De acuerdo con Gómez Suárez, esto permitiría que los propietarios interesados puedan avanzar en sus trámites sin tener que trasladarse a otras entidades para buscar la regularización de sus vehículos.

Más de 80 mil vehículos siguen pendientes

La presidenta de CTLP señaló que todavía existen más de 80 mil unidades pendientes de regularizarse, por lo que adelantó que durante las próximas semanas la organización intensificará las jornadas de orientación para sus agremiados.

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En estos encuentros se les explicará el curso legal que deberán seguir en torno a sus vehículos una vez que concluya el plazo extraordinario.

Gómez Suárez también destacó que, a lo largo del proceso de legalización iniciado desde el sexenio pasado, el gobierno federal obtuvo ingresos superiores a los 7 mil millones de pesos por concepto de recaudación fiscal derivada de estos trámites.

Expuso que dichos recursos tuvieron impacto en obras públicas y fueron destinados a programas de fortalecimiento de los municipios de los estados, incluido San Luis Potosí.

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Además de la recaudación, consideró que el proceso permitió otorgar certeza jurídica a cientos de familias potosinas, cuyos vehículos pudieron incorporarse a la circulación legal.

Con el cierre del programa extraordinario a la vuelta de la esquina, CTLP prevé mantener las acciones de asesoría para orientar a los propietarios que todavía tienen pendiente definir la situación legal de sus unidades.

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