Luego de varios meses de incertidumbre para quienes poseen vehículos de procedencia extranjera, un recurso legal permitió reactivar el proceso de regularización en el país, lo que en San Luis Potosí representa una posibilidad para decenas de miles de propietarios.

El panorama cambió tras el cierre, el pasado 1 de enero de 2026, del decreto federal que había facilitado la legalización de los llamados “autos chocolate”, esquema que formaba parte de la estrategia impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Con la conclusión de ese programa, el trámite quedó suspendido, dejando en pausa a quienes buscaban formalizar la importación de sus unidades.

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Ante este escenario, la organización Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP) promovió un amparo con el objetivo de retomar el mecanismo.

De acuerdo con su presidenta, Elizabeth Gómez Suárez, la resolución fue favorable y hacia finales de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una prórroga que permitirá continuar con el proceso durante cinco meses más.

La dirigente explicó que esta medida aplica únicamente para unidades que ya se encuentran en territorio nacional y no para vehículos que ingresen posteriormente.

Además, precisó que el procedimiento deberá realizarse bajo el esquema de importación definitiva mediante pedimento con clave A3, figura utilizada para formalizar autos extranjeros que ya circulan en México.

El plazo fijado por la autoridad judicial se extiende hasta el 30 de septiembre, fecha límite para concluir los trámites.

En el caso de San Luis Potosí, se estima que alrededor de 80 mil vehículos podrían acogerse a esta oportunidad de regularización.

No obstante, el proceso contempla ajustes.

Entre ellos, destaca que la gestión deberá llevarse a cabo exclusivamente a través de agentes aduanales autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, lo que implica cambios respecto a esquemas anteriores.

Gómez Suárez también hizo un llamado a los propietarios para actuar con cautela y evitar intermediarios informales o agrupaciones sin respaldo, ante el riesgo de fraudes o cobros indebidos.

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