A 13 años del feminicidio de Lupita Viramontes, la justicia aún no llega

Han pasado 13 años desde el feminicidio de Lupita Viramontes, una adolescente de apenas 15 años que fue brutalmente asesinada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

A pesar del tiempo transcurrido, la impunidad sigue marcando el caso y dejando una herida abierta no solo en su familia, sino en toda la comunidad.

Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2012, cuando Lupita fue víctima de un ataque perpetrado por Raúl “N.”, de 18 años, quien lideró el crimen, y Guillermo “N.”, de 15, su cómplice. Otros dos jóvenes, César y Juan Carlos, también participaron, extorsionando posteriormente a la familia de la víctima con mensajes en los que exigían dinero a cambio de supuesta información sobre su paradero.

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Después de una larga batalla legal, Raúl fue condenado a 37 años de prisión, mientras que Guillermo recibió una sentencia de 18 años. Sin embargo, este último se mantuvo prófugo por más de 10 años, hasta que finalmente fue detenido en febrero de 2024.

Pese al historial delictivo y el tiempo que logró evadir a la justicia, en marzo de ese mismo año, Guillermo solicitó la revisión de su condena. El juzgado especializado en adolescentes y ejecución de medidas del sistema tradicional redujo su sentencia de 18 a tan solo 3 años, computando el tiempo ya cumplido. El resultado: Guillermo solo cumpliría un año, siete meses y siete días de reclusión por el feminicidio de Lupita.

Para sorpresa e indignación de la familia, el 2 de octubre de 2024, Guillermo solicitó su libertad a cambio de realizar trabajo comunitario. La petición fue aceptada por el juzgado segundo de ejecución de penas, y el joven fue liberado el 10 de octubre, sin condiciones, sin restricciones de acercamiento hacia los familiares de Lupita, y sin presentar un plan individualizado como marca la ley.

La familia apeló la resolución, sin embargo, las magistradas de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmaron la liberación, argumentando la aplicación retroactiva de una nueva ley.

Ante esta decisión, el 9 de enero de 2025, se interpuso un juicio de amparo, que aún no ha sido resuelto. La familia exige que, al momento de dictar sentencia, se tome en cuenta que Guillermo eludió la justicia por más de una década, periodo durante el cual también intimidó, amenazó y revictimizó a los familiares de Lupita, vulnerando sus derechos como víctimas.

A 13 años de su asesinato, Lupita sigue sin justicia. Su familia no solo lucha por el reconocimiento del daño, sino también por su seguridad, exigiendo medidas de protección urgentes, incluyendo restricciones de acercamiento que impidan a Guillermo y su círculo continuar con actos de intimidación.

Cabe recordar que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez permanece bajo Alerta de Violencia de Género, un mecanismo cuya finalidad es proteger la vida, integridad y libertad de niñas, adolescentes y mujeres, además de garantizar su acceso a la justicia. No obstante, los feminicidios continúan registrándose en el municipio, lo que refleja el fracaso de las estrategias implementadas hasta hoy.

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