José Matilde Hernández Méndez, abogado potosino, denunció la posible designación como magistrado del Poder Judicial a Guillermo Balderas Reyes, quien a su consideración y a la de diversas asociaciones del estado, no cuenta con la capacidad necesaria para el cargo, y agregó que “es un personaje de dudosa credibilidad y malos modos”.
El representante común de las asociaciones, colegios coordinadoras y barras de abogados de Ciudad Valles y la región huasteca, emitió una queja formal que hizo llegar al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Vianey Montes Colunga, para que no permitan la intromisión de este sujeto en el poder judicial, pues con él, “se verían comprometidos muchos de los asuntos de la institución con el tema político”, explicó.
Cabe recordar que hace pocos días en el Congreso del Estado se desechó la candidatura de seis magistrados para el Poder Judicial de San Luis Potosí, mismos que no fueron ratificados por los diputados locales al considerarlos en conflicto de intereses; con ello, se abrió la posibilidad de que se designen perfiles como el de Guillermo Balderas Reyes, de quien no se tienen buenas cuentas, pues se puede mencionar que cuando fungió como integrante del Consejo de la Judicatura Estatal, “su desempeño dejó mucho que desear y tiene muchos asuntos pendientes”.

"En nada benefició a la impartición administración de justicia de la huasteca potosina, por lo que de confirmarse la posibilidad de que llegue a la magistratura, desde este momento nos oponemos y pronunciamos en contra".
Hernández Méndez recordó que este personaje fue asesor del diputado Edson de Jesús Quintanar y hace alrededor de un año se formó una polémica por el sueldo que le pagaba de 60 mil pesos por nunca estar en la oficina y sin tener una actividad que justificara el devengar ese sueldo.
Finalmente el representante de colegios de abogados reiteró el llamado al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que no permita la llegada de quién guarda intereses ajenos a la atención ciudadana y al libre acceso a la justicia.
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