La Comisión Estatal de Derechos Humanos cerró el 2020 con un total de mil 83 quejas, siendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de General de Prevención Social y Reinserción Social (perteneciente a la misma Secretaría) quienes ocuparon el primer lugar como autoridades señalada con 232 quejas en conjunto, seguidas por la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Métodos de Investigación (perteneciente a misma entidad) con 190.
El tercer escalón está ocupado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con 64 quejas, en cuarto lugar los Servicios de Salud con 49 y en quinto lugar el Ayuntamiento de Ciudad Valles con 47 quejas.

El presidente del organismo, Jorge Andrés López Espinosa, comentó que dentro de los principales hechos violatorios, se encuentran la detención arbitraria, lesiones, acciones y omisiones contrarias a lo que señala la ley, amenazas o intimidación, apoderarse indebidamente de bienes, dilación o retraso injustificado de la integración de los expedientes de investigación penal, prestación indebida del servicio público, maltrato o tratos crueles durante la detención, entre otros.
Por lo anterior este organismo, emitió un total de 28 Recomendaciones siendo Servicios de Salud quien acumuló cinco de estos pronunciamientos, seguidos por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación con 4 cada una y el Ayuntamiento de Ciudad Valles obtuvo 3 Recomendaciones. Además se espera que otras dos recomendaciones sean emitidas precisamente antes de que cierre este 2020, las cuales podrían ser sobre la alcaldía del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por abuso policiaco.

Entre los hechos violatorios que destacan entre el total de estas recomendaciones se puntualizan: violación al derecho a la protección de la salud y a la vida por inadecuada atención médica; al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por violencia obstétrica, además de violación a los derechos de las personas imputadas, derecho a la integridad y seguridad personal; al derecho a la vida por la omisión del deber de cuidado de personas sometidas a cualquier forma de detención, y derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
López Espinosa, recordó que en marzo del próximo año el Congreso estará eligiendo a la mujer que ejercerá este cargo, ya que la convocatoria ha sido emitida, y será el 1 de abril cuando el organismo ya cuente con su nueva titular.
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