La organización Ciudadanos Observando tiene documentado uno de los casos en el que diputados locales “cobran” parte del salario que asignan a los asesores que contratan.
Se trata del caso de la legisladora Alejandra Valdés Martínez, del partido Morena, a través de sus redes sociales la organización reveló que durante los meses de abril y mayo del presente año, el exasesor, de quien se oculta el nombre por confidencialidad, se vio obligado a depositar parte del sueldo que percibía directamente a la cuenta de nómina que se generó desde el Poder Legislativo para el pago de la dieta de la legisladora.
El primer pago realizado el 16 de abril del presente año asciende a ocho mil pesos; el segundo pago efectuado el 2 de mayo asciende a siete mil pesos; un tercer pago registrado se realizó el 13 de mayo por la cantidad de tres mil pesos; y el 16 de mayo se realizó otro por cinco mil pesos.
Durante estos dos meses de registro, la cantidad presuntamente depositada a la legisladora por parte de su exasesor sumó la cantidad de 23 mil pesos, aseguró Ciudadanos Observando a través de pruebas otorgadas por el denunciante.
Esta no es la única acusación por presunta corrupción que pesa sobre la representante de la cuarta transformación, también se le acusa de haber incluido entre la nómina de personal contratado por honorarios en el Poder Legislativo a la hija de su actual pareja Olivia Zaride Pacheco Ruíz y a la tía de esta Salma Zabdi Vargas Hernández.
Durante la pasada legislatura se documentó un caso similar de colocación de familiares en la nómina de órganos que dependían del presupuesto del Poder Legislativo, uno de estos casos es el del hermano del exlegislador Manuel Barrera Guillén, Fernando Barrera Guillén, quien presuntamente operó durante la anterior legislatura la nómina de 71 personas “recomendadas” por los exlegisladores y colocados como asesores externos en la Auditoría Superior del Estado (ASE), caso conocido como “la nómina secreta” y cuyo gasto mensual ascendía a un millón 25 mil 622.63 pesos.
Tampoco el de Valdés Martínez sería el único caso del cobro de porcentajes por parte de legisladores a trabajadores colocados por ellos mismos, sin embargo, es el único documentado, ya que en la mayoría de los casos el personal contratado tiene miedo de denunciar debido a que podrían perder el trabajo.
En esta legislatura se estima que hay al menos otro caso.
Cabe mencionar que los legisladores perciben mensualmente 104 mil 500 pesos por concepto de dieta, “lo que al parecer no le alcanza y tiene que recurrir a los mismos reprochables y aberrantes actos que practicaba la anterior legislatura considerada como la peor y más corrupta de la historia”, reprochó Ciudadanos Observando.
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