Con la entrada al Gobierno del Estado y del gobernador elect, Ricardo Gallardo Cardona, las denuncias que tiene en contra su padre y ex presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez, podrían tener un avance más lento del que han tenido e inclusive un panorama complicado para su resolución, así lo indicó a EL UNIVERSAL San Luis Potosí el analista político Oswaldo Ríos.
Explicó que al igual que ha ocurrido en otros temas de carácter político, no se resolverá nada, ya que pese a que en el país las Fiscalías son constitucionalmente autónomas, éstas no están integradas por fiscales que sean profesionales del derecho que cuenten con “plena autonomía real y no formal”, lo que permite un manejo político de la justicia.
El Ayuntamiento Municipal de San Luis Potosí encabezado por Xavier Nava Palacios desde el pasado 2019, comenzó a interponer denuncias contra la administración capitalina que tuvo como presidente municipal a Ricardo Gallardo Cardona, principalmente por asuntos fiscales derivados de malos manejos de la cuenta pública y presuntos desvíos de dinero, acumulando un total de 11 carpetas de investigación que se abrieron tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República.
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Acorde con lo señalado por Juan Alberto Camarillo Zavala, visitador de la Fiscalía General del Estado (FGE), los avances en dichas denuncias se vieron mermadas por la pandemia por Covid-19 desde el año pasado y parte de este, aunque destacó que por parte de la Fiscalía local solamente se le está dando seguimiento a una, mientras que el resto de las siete carpetas de investigación que tenían fueron turnadas a la Fiscalía General de la República, por tratarse de orden federal. Es decir, que la FGR suma ya 10 carpetas de investigación de las cuales no se han presentado avances en la resolución de las mismas.
El analista político, indicó que estas carpetas de investigación desde hace tiempo debieron haber tenido un seguimiento procesal, de las cuales se debería tener conocimiento si hubo resolución del no ejercicio de la acción penal en caso de que no se encontrarán elementos constitutivos de delito o en el otro caso la radicación del expediente ante un juez de proceso.
“Lo que ha prevalecido es un tortuguismo y una pasmosidad horrorosas tanto en la Fiscalía General como en la Fiscalía Estatal (…) yo creo que tiene que ver como todas las cosas que ocurren en este país, la procuración de justicia está supeditada a la política nacional y local”, sin embargo mencionó que esto no es privativo del tema de Ricardo Gallardo Juárez, ya que los asuntos políticos en el país “supeditan el derecho de la política”, que hace poco posible que se haga justicia en dichos casos.