El llamado Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el cual implica una reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral y se da manga ancha a partidos para hacer proselitismo y actos anticipados de campaña.
La reforma modifica cuatro leyes -Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación– lo que involucra más de 400 artículos.
Se elimina la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro -conocida como la vida eterna a los partidos- y poner un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que el Presidente de la República.
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Se permite a personas en prisión preventiva votar y se establecen límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.
Es decir, las manifestaciones de los servidores públicos que se realicen en el uso de su libertad de expresión o en el ejercicio de sus funciones públicas, no constituyen propaganda gubernamental.
De acuerdo al dictamen final avalado en el Senado la semana pasada, el Plan B obligará al INE a eliminar unas 300 juntas distritales, encargadas de la preparación, organización y celebración de elecciones.
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La reforma presidencial plantea que en vez de ello existan oficinas con una sola persona a cargo, sumado a la reducción de la estructura de las 32 juntas locales en el país, que se reflejará en recortar 262 puestos de funcionarios electorales especializados.
Asimismo, la reducción de las 300 juntas distritales se reflejará en un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se estima que 1,500 plazas serán eliminadas.
Cese de Edmundo Jacobo tras publicación de plan B
Se elimina la Junta General Ejecutiva (JGE), actualmente a cargo de Edmundo Jacobo Molina, quien será despedido. Dicha instancia es la encargada del diseño del ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral.
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El Plan B establece crear una Comisión de Administración con cinco consejeros.
También se expone que todo funcionario público del INE deberá sujetar su salario a la percepción del Presidente de la República. Se contempla revisar los tabuladores salariales del personal a más tardar seis meses después de entrada en vigor la reforma
De acuerdo a Laboratorio Electoral, se modifica el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18:00 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares. (PREP).
Además, la finalización de cómputos de las elecciones se establece a más tardar el viernes siguiente a las elecciones y no como ocurre actualmente que es el miércoles siguiente a los comicios y terminan el jueves.
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