Este martes se vivió una jornada caótica en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, debido a que este día era el último, de acuerdo a la ley, para aprobar las diferentes reformas en materia electoral de cara al proceso comicial 2026- 2027. En este marco una manifestación en contra de la llamada “Ley Serrano” en materia de regulación de la Inteligencia Artificial (IA), a la cual acusan de ser un instrumento para restringir el derecho de libertad de expresión, irrumpió en el recinto legislativo lo que obligó a suspender la sesión de manera temporal.

Desde temprana hora diversas organizaciones con diferentes problemáticas que van desde inconformidades del gremio taxista hasta conflictos por la propiedad de la tierra, llevaron a cabo esta movilización, según dijeron, en "defensa de la libertad de expresión” y avanzaron por diferentes calles del Centro Histórico de la capital potosina hasta llegar al Congreso del Estado que ya se encontraba resguardado con vallas y elementos de fuerzas de seguridad.

Rápidamente se hizo evidente que los cientos de inconformes no podrían ser detenidos e irrumpieron por la fuerza al edificio y, posteriormente, hasta el pleno del Congreso del Estado en donde ya había dado inicio la sesión, la cual poco después fue suspendida, precisamente para evitar algún incidente violento con las legisladoras y legisladores.

Al interior del pleno, los inconformes increparon a los pocos diputados y diputadas que permanecieron en el lugar e hicieron diversos posicionamientos, especialmente en contra de la llamada , debido a que el legislador Héctor Serrano desde antes de que los manifestantes lograran ingresar, prefirió retirarse del sitio, alrededor de dos horas después y en un pleno prácticamente sin diputados decidieron dar por concluida su protesta.

Fue alrededor del mediodía cuando, ya sin inconformes en el lugar, se reanudó la sesión y sin mayor discusión de aprobaron los distintos puntos que se establecieron en el orden del día, incluyendo diversas modificaciones en materia electoral, incluyendo el tema del requisito de los exámenes de Control de Confianza para quienes aspiren a una candidatura; sin embargo, se estableció como un requerimiento voluntario, no obligatorio.

De igual manera se añadieron otras cuestiones como la posibilidad de realizar los registros de candidaturas por medio de plataformas digitales y la recepción de documentación vía electrónica, así como también que bajo el principio de presunción de inocencia se garantice el voto a personas privadas de su libertad que no cuenten con sentencia condenatoria en firme.

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Sin embargo, se dejaron fuera otras propuestas polémicas como la denominada “Ley Reyitos” para evitar que aspirantes a candidaturas simulen la autoadscripción de un género distinto al de nacimiento para beneficiarse tramposamente de las llamadas acciones afirmativas en materia de equidad de género sin realmente tener esta preferencia y con la única intención de acceder a alguna candidatura, espacio que se estaría quitando a personas de la comunidad LGBTIQ+.

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