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El secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez consideró que indudablemente el caso de la tragedia en el antro Rich, en el que murieron dos personas, no puede quedarse nada más con las personas que ya están detenidas y que debe de haber también algún tipo de castigo a las autoridades de cualquier nivel de gobierno que fueron omisas o negligentes.
El funcionario comentó que en el caso de la administración estatal es la Contraloría General del Estado la que está llevando a cabo las investigaciones para en su caso imponer las sanciones administrativas que haya lugar en contra de las personas servidoras públicas que hayan tenido algún grado de responsabilidad en este asunto.
Mencionó que tendrá que haber alguna sanción para las autoridades que directamente tuvieron alguna omisión, en este caso a través de la Contraloría lo que se aplican son sanciones de tipo administrativas.
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Por su parte la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares al respecto del propio caso Rich refirió “nosotros seguimos con la investigación, se tiene una audiencia el día 6 de agosto en donde los imputados están solicitando la suspensión provisional y pues nos tocará apersonarse a esta audiencia”.
A un mes de la tragedia, ¿cómo van las investigaciones del antro Rich?
Luego de cumplirse un mes de la tragedia en el antro Rich en donde murieron dos jóvenes luego de caer desde un segundo piso, no han sido detenidas y mucho menos sentenciadas autoridades que por corrupción u omisión hayan tenido alguna responsabilidad en este caso en donde el común denominador fue la negligencia.
El pasado 7 de junio, antes de la media noche se venció un barandal de vidrio de la “Plaza Alttus” en el poniente de la ciudad, lo que precipitó a una decena de jóvenes que esperaban ingresar al antro que presentaba un evidente sobrecupo ante la presentación del influencer e intérprete Kevin AMF en el lugar.
De estos hechos, resultaron por lo menos seis personas heridas de gravedad y dos fallecidas, asimismo de acuerdo a las autoridades de procuración de justicia en ese mismo momento se inició la búsqueda y persecución del propietario, el administrador y la representante jurídica del lugar, siendo que hasta diez días después que fueron aprehendidos en el estado de Michoacán.
